La anemia del Estado de derecho

Es habitual que la manoseada y amasada opinión pública española se adelante a los jueces a la hora de establecer la culpabilidad de los encausados en diversos procedimientos, chocando esta mala costumbre violentamente con la adjudicación de la exclusividad de la potestad jurisdiccional que el artículo 117.3 de nuestra Carta Magna atribuye estrictamente a los "Juzgados y Tribunales determinados por las leyes".

En nuestro país se puede intentar carcomer, intoxicar y minar la independencia judicial por medio de "los juicios paralelos mediáticos" al haberse despenalizado en el Código Penal de 1995 el delito de "desacato", pero las naciones en las que se disfruta de la democracia de una forma más efectiva se respeta el contenido del artículo 10.2 del Convenio Europeo de Derechos Humanos que autoriza a limitar incluso el ejercicio de la libertad de expresión "para garantizar la autoridad e imparcialidad del Poder Judicial" según señala la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Si a esto añadimos la inexistencia de medidas de "Competencia de Corte", inexpugnables en la legislación de los países libres, para garantizar la prístina e imprescindible independencia judicial, la situación maltrecha del Estado de derecho en nuestro país nos invita al sabio y equilibrado desánimo y pesimismo.

Ciertamente no vivimos no ya sólo en el mejor mundo posible tampoco en la mejor democracia posible que en realidad está por construirse.