El Gobierno abona la última partida de ayudas a familiares de presos de ETA

El Gobierno vio ayer publicada en el Boletín Oficial del País Vasco una orden que hubiera deseado eliminar: la relación de todos los beneficiarios de las ayudas destinadas a las familias de presos, fundamentalmente los de ETA, para que les puedan visitar cuando cumplan penas en cárceles fuera de Euskadi. Pese a los esfuerzos legales del Ejecutivo por derogarlas, la convocatoria, aprobada por el anterior consejero de Justicia, Joseba Azkarraga, de EA, ha salido adelante. Y lo hace en plena refriega del Gobierno con la izquierda abertzale ilegalizada y todos sus movimientos satélites por eliminar de la calle toda la simbología relacionada con la banda terrorista.

El tripartito de Ibarretxe adelantó este año las fechas de la convocatoria oficial de las ayudas, que ascienden a 225.076 euros, cuando ya se encontraba en funciones y la publicó 23 días después de las elecciones del 1-M, cuando ya se apuntaba con evidencia que el Gobierno iba a pasar a las manos del PSE con apoyo de los populares. El lehendakari, Patxi López, ya anunció durante la campaña electoral su intención de no conceder más ayudas de este tipo si al final accedía a Ajuria Enea porque "hieren profundamente la sensibilidad de las víctimas del terrorismo". Fuentes del Ejecutivo ratificaron ayer que ésta es la última batería de ayudas de este tipo que se va a conceder.

López no ha logrado anular la subvención concedida por el anterior Ejecutivo

Los ministerios de Interior y Justicia impugnaron ante el Tribunal Superior la orden de Azkarraga al entender que las subvenciones "transgreden los derechos a la paz, la libertad y la convivencia". El Superior, que aún no ha resuelto el recurso pronunciándose sobre el fondo de la cuestión, optó por no suspender cautelarmente la convocatoria de las subvenciones de este año. El tribunal indicó que no concurría la urgencia y la irreversibilidad invocadas por la Abogacía del Estado para solicitar la suspensión y tampoco apreció "con la evidencia necesaria" que las ayudas vulneren la ley de Víctimas del Terrorismo.

Con este antecedente, el Gobierno de López no ha tenido más remedio que cumplir con la legalidad para no exponerse a un rosario de demandas por prevaricación y pagar las subvenciones, algo que no ocurrirá los próximos años, independientemente de lo que resuelva el Superior, ya que no se convocarán en los mismos términos.

Bajo mandatos del PNV, el Ejecutivo llevaba concediendo estas subvenciones desde los años noventa y desde 2003 las incluyó en los presupuestos vascos dentro de las partidas dirigidas a ayudas a las familias. Siempre han supuesto motivo de enfrentamiento entre los partidos nacionalistas y no nacionalistas, polémica que se ha enconado en los últimos años.