Las quejas por el retraso en la Ley de Dependencia saturan al Síndic

Las trabas del Consell a aplicar la Ley de Dependencia, aprobada en diciembre de 2006, ha tenido hasta ahora su correlato en protestas y movilizaciones de los colectivos de afectados y denuncias de la oposición. La estadística de la Sindicatura de Greuges da ahora la razón a este movimiento social que ha clamado contra de la pasividad de la Generalitat al ejecutar la norma. Entre enero y julio de este año el 72% de las quejas resueltas por este organismo hacen referencia al incumplimiento de la citada ley, según denunció ayer la sección de CC OO en L'Alacantí-Les Marines de acuerdo con los datos oficiales de la Sindicatura.

El sindicato considera un "escándalo" que de las 982 recomendaciones emitidas en los siete primeros meses de 2009 a diferentes instituciones públicas, 706 refieran directamente al incumplimiento de una aplicación que es responsabilidad de la Consejería de Bienestar Social que dirige Juan Cotino.

"Los datos reflejan de forma muy evidente la situación de miles de personas con algún tipo de dependencia, que teniendo derecho a una serie de prestaciones que faciliten su autonomía personal, no pueden acceder a las mismas de manera ágil por la lentitud y la inoperancia de la consejería a la hora de gestionar en tiempo y formas las solicitudes registradas desde la entrada en vigor de la nueva ley", lamenta Salvador Roig, responsable de Comunicación y Formación de este sindicato en la comarca.

El análisis de las quejas resueltas por la institución, que ocupa desde marzo de este año José Cholbi, indica que la mayoría de reclamaciones de las personas dependientes obedecen al retraso de las prestaciones contempladas en la cartera de servicios de la norma, explica Roig.

El dirigente sindical destaca que otra casuística habitual es la de personas que habiendo solicitado las ayudas han fallecido sin recibir respuesta de la Generalitat, y también "existen decenas" de reclamaciones relativas al pago retroactivo de las ayudas económicas.En sus resoluciones, el Síndic reclama el pago de las prestaciones solicitadas por los dependientes fallecidos a los familiares. Así, por ejemplo, en una de las respuestas de mayo de este año, Cholbi refiere a una queja iniciada por una mujer que en mayo de 2007 solicitó su propia valoración y que falleció a finales del año 2008 sin haber recibido las correspondientes prestaciones. Y en su resolución recomienda a la Consejería de Bienestar Social que "a la mayor brevedad posible" resuelva el expediente en cuestión "reconociendo las prestaciones económicas que hubieran correspondido a la persona dependiente, desde el día siguiente al de la solicitud hasta la fecha del fallecimiento, y se notifique a los familiares posibles causahabientes a fin de que ejerzan lo que a su derecho convenga".

Roig, en cualquier caso, lamenta que a pesar de que los expedientes resueltos por Cholbi y previamente por su predecesora Emilia Caballero sobre los "diferentes incumplimientos" de la norma y a la "gran cantidad" de resoluciones en las que "se pone en evidencia" el incumplimiento de la misma por parte de la Generalitat, "Bienestar Social sigue obviando las recomendaciones de la Sindicatura". El responsable sindical valenciano califica esta actitud de "inadmisible" por parte del ejecutivo autonómico.

Y a renglón seguido exige un cambio de actitud al Consell. Roig reclama otra forma de gestionar una materia tan sensible "que está vulnerando un derecho esencial para las personas mayores o con discapacidad que necesitan ayuda para realizar las actividades básicas de la vida diaria".

46.689 solicitudes

En la Comunidad Valenciana había a fecha 1 de agosto de este año un total de 46.689 solicitudes de ayuda cursadas por dependientes, cifra que supone el 4,51% de todas las peticiones de apoyo económico realizadas en España, según los últimos datos del Imserso. Y 34.558 de estos peticionarios son beneficiarios que tienen derecho a recibir prestación. Pese a ello, 13.245 dependientes que ya han sido evaluados están pendientes en la actualidad de recibir las ayudas correspondientes por parte del Consell.

La mayor línea de ayudas a los dependientes en la Comunidad Valenciana se canaliza a través de los cuidados familiares y, en segundo lugar, a la atención residencial, siempre según las mismas fuentes.