La Sindicatura de Greuges registra 4.000 quejas por la Ley de Dependencia

La institución pide que se resuelva el "brutal stock" de solicitudes acumuladas en la Comunidad Valenciana desde 2007

La Sindicatura de Greuges ha registrado más de 4.000 quejas relacionadas con la aplicación de la Ley de Dependencia desde abril de 2007. Una cifra "impensable" en otras materias objeto de reclamación, según ha destacado hoy la adjunta primera de la institución, Emilia Caballero, que ha pedido que se resuelvan. Caballero ha destacado el "brutal stock" de solicitudes que se han acumulado desde 2007 y ha explicado que de las 300 referentes a ese ejercicio que el Síndic evaluó para realizar una estadística sólo se han resuelto cuatro, pese a que ya se han solucionado otras posteriores de 2008 y 2009.

La adjunta primera de la Sindicatura ha mantenido esta tarde una reunión con representantes de la Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia de Valencia y Comarcas, en el marco de los encuentros que también ha celebrado con estas entidades en Alicante y próximamente en Castellón. Según ha explicado, tras la queja de oficio que el Síndic dirigió a la Generalitat en abril de 2007 para conocer la aplicación de la Ley de Dependencia en la Comunidad Valenciana, se produjo un "aluvión" de reclamaciones que "decayó en un momento determinado, pero vuelve a retomarse con todo el problema de la retroactividad de las prestaciones, los fallecimientos de dependientes a los que no les llegó la ayuda, los cursos para los cuidadores o el decreto -sobre la tramitación de los expedientes- que parece ser que está ya en puertas".

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A su juicio, "parece que hay un pequeño movimiento" sobre la resolución de reclamaciones, aunque "todavía existe un stock brutal de solicitudes de 2007 sin resolver, porque se está aplicando (la ley) de manera muy aleatoria". Por ello, ha resaltado que el Síndic siempre está "dispuesto a recibir y tramitar todas las quejas para que esto se resuelva", con el fin de que "las personas perciban lo que tienen que percibir, porque la ley así lo determina". La institución no tiene poder ejecutivo pero sí "fuerza moral" y cuenta "no sólo con la voluntad, sino con la obligación de estar ahí, porque el ejercicio de los derechos es lo que nos incumbe para conseguir que las administraciones cumplan con las leyes y los derechos humanos".

Por su parte, el coordinador de la Plataforma, Jaime García, ha criticado que en los últimos meses el problema ya no es el "bloqueo" que lleva a una tramitación más lenta de las peticiones de ayuda, sino un procedimiento "peor" porque se "enmarañan las cosas con el tema de las solicitudes, las prestaciones o los pagos". García ha manifestado que las reclamaciones de los dependientes y sus familiares a la Consejería de Bienestar Social son que se derogue el decreto de incompatibilidades, que se aplique la retroactividad del pago de las prestaciones al momento de la solicitud y que se cumpla con el plazo de seis meses para la resolución de los expedientes, como exige la Ley y acordaron las autonomías el pasado mes de enero.

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