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Editorial:

Buena iniciativa fallida

El Gobierno, obligado a corregir su imprevisión sobre los 420 euros a parados sin cobertura

El Gobierno negociará con los sindicatos modificaciones de las condiciones de aplicación de la ayuda especial de 420 euros mensuales para parados que hayan agotado sus prestaciones, según adelantó ayer el presidente Zapatero. Al hacerlo estaba reconociendo que hubo precipitación en la aprobación de esa medida en el Consejo de Ministros extraordinario de la pasada semana. No es la primera vez que este Gobierno, tan obsesionado por el marketing, toma decisiones llamativas (retirada de Kosovo, rebaja fiscal lineal de 400 euros), llamadas a contentar a una parte de la opinión pública, sin haber previsto sus consecuencias ni los problemas de aplicación.

En este caso la medida en sí era poco discutible. Cada vez que se daban datos del aumento del paro se llamaba la atención sobre la tragedia de las familias cuyos componentes no sólo habían perdido el empleo sino también agotado el seguro de paro (que cubre un periodo máximo de dos años) y las prestaciones establecidas para otros seis meses en determinadas condiciones. Se trata de una medida defensiva, que no suple las de estímulo de la actividad económica de la que depende la recuperación del empleo.

Era una ayuda, por otra parte, que había sido objeto de negociación con los sindicatos, y precisamente en torno a la fecha a partir de la cual se aplicaría. Descartando que pueda ser de duración indefinida, por su alto coste, los sindicatos propusieron que afectase a los trabajadores que se habían quedado en esa situación a partir del 1 de enero; el decreto del Gobierno fija la fecha del 1 de agosto, dato que, aunque figuraba en la notificación del Consejo de Ministros, pasó inadvertido; seguramente, porque nadie explicó con qué criterio había sido elegido.

Si hubiera sido el 1 de enero, también habría planteado el dilema de por qué desde ese día y no desde octubre, por ejemplo. El problema es la falta de explicación sobre el criterio temporal aplicado, y también la imprevisión sobre la frustración que iba a suscitar una decisión que inevitablemente aparecería como arbitraria. Es cierto que si alguien no podía llamarse a engaño eran los sindicatos, que habían debatido el asunto. Pero el Gobierno quiso demostrar que no dependía de nadie para tomar iniciativas sociales, y se estrelló. Ahora recurre a los sindicatos para que le ayuden a rectificar. O al menos a explicar el criterio seguido.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 20 de agosto de 2009