El Gobierno de Fraga negoció participar en los parques eólicos

Lo que el nuevo Gobierno del PP ha esgrimido como argumento central para anular el concurso eólico del bipartito, "el atentado contra la libertad de empresa" que suponía la participación pública en las compañías, no parece encajar con su práctica en la época de Manuel Fraga. Ayer, el Grupo Parlamentario del BNG rescató un informe del Instituto Enerxético de Galicia (Inega), firmado por su director Juan Caamaño en 2003, que enumeraba las diferentes maneras de materializar "el interés de la Administración autonómica en estar presente en las distintas sociedades que se creasen para la explotación de parques eólicos". Para el diputado nacionalista Henrique Viéitez, "no existe ningún obstáculo para la participación pública en el sector eólico".

El PP, sin embargo, insiste en sus tesis. En una nota difundida ayer aseguraron que la asesoría jurídica de la Xunta ha detectado "tres tachas de constitucionalidad" en el decreto eólico aprobado por nacionalistas y socialistas. Entre ellas, la de "atentado contra la libre empresa". La norma del bipartito establecía como uno de los criterios para baremar los proyectos de construcción de parques la posibilidad de que la Xunta entrase en el capital de las empresas. "Pero en ningún caso se trataba de una obligación", expuso Viéitez.

Recurso de Endesa

El parlamentario del BNG también habló de las "sospechas fundadas" de su organización sobre la existencia de un dictamen de la asesoría jurídica del Gobierno autónomo al recurso que Endesa presentó al concurso eólico. "Data del 30 de julio y sospechamos que defendía el decreto", explicó Henrique Viéitez. El grupo nacionalista exigió "toda la información" a la Xunta, ya que no han accedido al texto completo. La nota de los populares asegura que ese informe del 30 de julio contiene la referencia a "las tres tachas de constitucionalidad" del concurso de BNG y PSdeG.

El diputado Viéitez criticó con dureza el anteproyecto que la Xunta de Feijóo ha preparado para sustituir el decreto anterior, anulado el pasado 5 de agosto. "Se trata de un anteproyecto realizado de prisa y corriendo", acusó, "con el único objetivo de cumplir con los amigos que acompañan al PP". El nacionalista lamentó la anulación de una norma, la del bipartito, "que era una palanca para crear 3.000 empleos en un tiempo de crisis".