Los presuntos espías de Madrid implican a tres asesores de un hombre de Aguirre

El operativo del supuesto espionaje a cargos del PP madrileño por parte de responsables del Gobierno de Esperanza Aguirre lo integraban, al menos, tres ex guardias civiles, fichados en septiembre de 2007 como asesores por el consejero de Interior, Francisco Granados; y tres ex policías nacionales, contratados en la misma época por quien era director general de Seguridad, Sergio Gamón, hombre de confianza de la presidenta autonómica. Gamón dirigió el operativo, según la declaración de los imputados ante la juez, aunque ellos sostienen que aquello no fue espionaje.

Los tres ex guardias civiles, imputados por malversación en relación con el seguimiento que hicieron al dirigente del PP Alfredo Prada -tanto en sus actos públicos como en su vida privada-, aseguraron a la juez que investiga el caso que esa operación "la ordenó Gamón" y que para llevarla a cabo les acompañaron tres ex policías nacionales. "A veces lo hacíamos tres, otras cuatro... Éramos seis", contaron los agentes. Los ex policías, investigados como sospechosos del espionaje, aún no han sido imputados.

Dijeron a la juez que vigilaban en actos públicos con aglomeraciones

Los seguimientos a Prada incluyeron su actividad privada y pequeños pueblos

Cuando Prada fue supuestamente espiado, en abril y mayo de 2008, era vicepresidente y consejero de Justicia. Fue destituido unas semanas después de que terminaran los seguimientos, tras el congreso nacional del PP en el que apoyó a Mariano Rajoy y se alejó definitivamente de Aguirre.

La declaración de más de dos horas que los tres asesores de Granados hicieron ante la juez, a la que ha tenido acceso EL PAÍS, configura un extraño operativo diseñado por Gamón entre marzo y mayo, según reconoció uno de los agentes. La misión consistía, contaron ellos, en supuestas "contravigilancias" -labores de protección extra a un cargo público- de la que no tenían constancia ni el vigilado (Prada, que no las pidió) ni su escolta. Los agentes, que iban desarmados, no tienen competencias para hacer contravigilancias (sólo puede realizarlas el Ministerio del Interior).

Los posicionamientos de los teléfonos móviles de los asesores del Gobierno de Aguirre, y los partes escritos de los seguimientos diarios, que los tres ex guardias civiles niegan haber hecho, acreditan que el supuesto espionaje se hizo al menos 12 días de mayo desde el mediodía hasta, en ocasiones, la medianoche. Pese a que la Dirección General de Seguridad cuenta con cerca de 40 agentes con plaza por oposición, muchos de ellos con 20 años de experiencia, sólo hicieron el seguimiento a Prada los seis asesores fichados a dedo a finales de 2007 como hombres de confianza.

Durante su comparecencia, la juez leyó a los agentes la declaración que habían efectuado ante la policía en marzo y en la que negaban haber seguido a Prada. Sin embargo, la investigación de los posicionamientos de sus móviles ha probado ahora que los tres ex guardias civiles habían seguido por las calles de Madrid y por algunos pueblos de la Comunidad al consejero Prada.

Cuando la juez les preguntó por qué habían negado estos hechos ante la policía, dos de ellos intentaron explicarse sin mucho éxito. Hasta que la juez les habló de una cuestión de "concepto". Supuestamente negaron los hechos porque les preguntaron por seguimientos y ellos hicieron, según admitieron ante la juez, "contravigilancias". Quien primero utilizó esa palabra fue la propia juez. Los interrogados dieron por buena la palabra y se aferraron a ella. Cuando se les preguntó por el motivo de que hicieran contravigilancias en la sede de la Consejería de Justicia, custodiada por guardias civiles, uno de los imputados contestó simplemente que se ponían a "100, 200 metros o 400 metros".

Los asesores de Granados aseguraron que hacían contravigilancias a otros miembros del Gobierno. Primero citaron a Esperanza Aguirre, Ignacio González y Francisco Granados. Luego ampliaron la lista a Juan José Güemes, Gador Ongil y Javier Fernández Lasquetty. En muchos de los casos, vinculaban sus contravigilancias a problemas que se pudieran producir en actos públicos con grandes aglomeraciones para evitar altercados, y citaron expresamente la inauguración de hospitales. Los seguimientos a Prada por pueblos de la Comunidad de Madrid se hicieron en actos celebrados en pueblos minúsculos, sin aglomeraciones ni posibilidades de altercados. En la capital, le seguían en sus encuentros públicos y también en los privados, que no figuraban en ninguna agenda.

Los tres guardias civiles insistieron durante las dos horas de declaración en tres ideas que pueden encauzar la investigación: "No hicimos nada que no nos ordenasen. Quién dirigía el operativo era Sergio Gamón. Granados no nos dio ninguna orden".

Sergio Gamón, policía nacional, llegó a la Comunidad de Madrid de la mano de Esperanza Aguirre, quien se lo impuso al que entonces era consejero de Interior, Alfredo Prada. Sólo un día después de que Aguirre destituyera a Prada, Gamón se fue a un edificio de la Consejería de Justicia con tres de sus hombres de confianza; ese día desapareció un ordenador de un directivo de Prada. El episodio quedó en nada porque se habían borrado las imágenes de las cámaras de seguridad. Pero, cuando se conocieron los hechos, Granados destituyó a Gamón. Sin embargo, por indicación de Aguirre tuvo que recolocarlo dándole un puesto de director de Seguridad, dotado con un sueldo de 90.000 euros anuales y en el que no hacía prácticamente nada.