La patronal acusa a Feijóo de paralizar el sector eólico

La patronal eólica, que criticó el decreto elaborado por el bipartito, atacó ayer con fuerza el arreglo que ha buscado el Partido Popular al negocio del viento. "O el decreto se deroga, o se revoca o se anula, pero no se suspende como se ha hecho, no es el cauce adecuado". Las empresas no conciben que se hayan paralizado las nuevas autorizaciones y tengan que quedarse de brazos cruzados esperando a que el Parlamento diseñe un nuevo marco legal. Y han puesto el grito en el cielo alertando de que el nuevo proceso va "hipotecar" el futuro del sector.

Íñigo Muniozguren, secretario de la Asociación Eólica de Galicia (EGA) calificó de "completamente discriminatorio", el nuevo texto elaborado por la Consellería de Economía e Industria. "Hay una legislación básica que ya desarrolla el sector". Sobre esa legislación, la Xunta debería determinar si el decreto aprobado por el anterior Gobierno "contiene vicios de nulidad, tal como, al parecer, se indica en un reciente informe de la Asesoría Xurídica Xeral de la Xunta, y obrar en consecuencia". El PP no ha enseñado por ahora ese informe, pero sí lo ha utilizado como argumento para tumbar el concurso que repartía 2.300 megavatios entre 25 grupos industriales.

El sector se declara completamente discriminado por la actitud de los sucesivos gobiernos de la Xunta. "Los últimos seis años han sido de parálisis. Si tenemos en cuenta que la tramitación administrativa media de un parque es de dos años y medio y a eso le sumamos el desarrollo parlamentario del proyecto, imagine lo que nos queda", explica el portavoz de la patronal. Sus cálculos contradicen los del director general de Industria, Ángel Bernardo Tahoces, que estimó que con el cambio de modelo no habrá retraso y que "en el segundo semestre de 2010" podrían darse las primeras autorizaciones administrativas.

Sobre el canon, los empresarios se ponen todavía más ácidos: "No es proporcional y no respeta el principio de igualdad". Para EGA, la Xunta ha puesto como excusa la búsqueda de una supuesta seguridad jurídica para colar un impuesto (que necesita tramitarse en el Parlamento), que afectará a 123 de los 127 parques existentes. La asociación está integrada por empresas que resultaron muy beneficiadas en el último concurso (Eólica Galenova, Norvento o Gamesa) y grandes grupos como Acciona, Endesa, y Fenosa-Gas Natural, excluida la presencia de Iberdrola, la que más megavatios gestiona en la comunidad autónoma.

La asociación gallega recibió ayer el inmediato respaldo de la potente Asociación Empresarial Eólica, de ámbito nacional, que cree que el camino que ha emprendido la Xunta es "preocupante". El canon es la primera tasa de este estilo que se plantea en España, y los empresarios temen que "siente un precedente nacional e internacional" y que anime a otras comunidades autónomas a hacer lo mismo.

El canon, que gravará la "generación de afecciones e impactos visuales", afecta por igual a los molinos independientemente de su producción. Su progresividad se rige por el tamaño de los parques. Los que tienen menos de cuatro molinos (14 explotaciones con 22 generadores) no tendrán que pagar. La mayoría de las 3.974 instalaciones en funcionamiento, en concreto 3.635, estarán sujetas a la tarifa máxima, según el anteproyecto de ley presentado por el conselleiro de Economía. Sus propietarios deberán tributar anualmente 5.900 euros por molino, lo que para las arcas de la Xunta supondrá unos ingresos de 21 millones de euros. "Ya puestos, podrían penalizar el impacto visual de las bateas, o de las carreteras", comenta una empresa aspirante a conseguir megavatios. Pese a que llueven las críticas, el paso que ha dado el Gobierno que preside Alberto Núñez Feijóo no tiene contestación en los tribunales. Fenosa, Endesa e Iberdrola se negaron ayer a valorar un posible recurso hasta analizar el proyecto.