Los populares eluden probar el espionaje pero retan al Gobierno a desmentirlo

El PP exige que el Gobierno demuestre en el Parlamento, con taquígrafos y con pruebas, que no se han producido escuchas ilegales a sus dirigentes. Estos hechos fueron denunciados por María Dolores de Cospedal en la playa, con una grabadora y sin pruebas.

Partidos, jueces, fiscales y policías de todas las sensibilidades han exigido al PP que denuncie estos hechos en un juzgado y presentando todas las pruebas que tenga. Pero los populares han decidido invertir la carga de la prueba sobre el Gobierno. "Que el Gobierno demuestre que no es así", inquirió ayer Cristóbal Montoro, que atendió a la prensa en la sede central del PP. Los populares tratan de obviar la evidencia de que, una semana después de denunciar públicamente que el Gobierno espía a sus dirigentes, no han aportado nada que respalde esas acusaciones, calificadas por el ministro del Interior como "de las más graves que se pueden hacer en democracia".

Para los populares, "el problema se ha cerrado a raíz de las declaraciones de De la Vega [anunciando apresuradamente el recurso de la fiscalía al archivo del caso Camps]", no a raíz de las declaraciones de Cospedal. Mientras De la Vega ha explicado sus palabras, Cospedal no ha interrumpido sus vacaciones para decir sobre qué base "le consta" que dirigentes de su partido han sido espiados por orden del Gobierno. Dirigentes como Mariano Rajoy y Javier Arenas, han dicho avalar las acusaciones, pero los días pasan sin que parezca urgente demostrarlas.

Primero la política

Es el Gobierno, dijo ayer Montoro, el que debe "clarificar la situación en nuestro país" a través de las comparecencias parlamentarias de De la Vega, Alfredo Pérez Rubalcaba y Francisco Caamaño. El portavoz de economía del PP dejó claro que su partido quiere que "primero" se hagan esos debates públicos "porque somos políticos y los políticos están para debatir", y luego las actuaciones judiciales. ¿Y las pruebas? "A partir de ahí, estamos haciendo nuestras pesquisas y ya veremos".

El argumento choca con la secuencia seguida por Federico Trillo, que en la denuncia presentada el 24 de julio por hechos relacionados (aunque se quedaba muy lejos de denunciar espionaje ilegal ordenado por el Gobierno) pedía que el secretario de Estado de Seguridad declarara ante un juez. Ese día, el PP registró varias peticiones de comparecencia en el Congreso. Entre ellas no estaban ni Camacho ni el ministro.