Indignación contra el Palau

Los vecinos del Casc Antic no piensan ceder en su lucha en contra del hotel del Palau de la Música. Los documentos certifican que el Orfeó Català cedió la titularidad de tres fincas de la calle de Sant Pere Més Alt, en Barcelona, a Olivia Hotels meses después de pactar con el Ayuntamiento y la Generalitat el cambio de usos de las mismas. El nombre de Olivia Hotels no figura en la voluminosa documentación municipal y el Consistorio lo achaca a un "error". "Pues es un escándalo. Es una operación especulativa", resumió Jorge Sánchez, de la Asociación de Vecinos del Casc Antic.

La entidad celebrará en septiembre una asamblea para estudiar nuevas protestas tras sentirse "engañada" por el Ayuntamiento. "Sabían desde el primer momento que el Palau ya no era el dueño de las fincas y han estado beneficiando a una empresa privada", afirmó Sánchez. La asociación ya reunió 3.500 firmas contra un proyecto por saturar una zona ya llena de hoteles. El discutido hotel ya le resulta incómodo al mismo Consistorio, que el otoño pasado organizó un proceso participativo pagado por el Palau. Del debate vecinal surgió que el hotel no tuviera aparcamiento. La Generalitat ya obligó al arquitecto Òscar Tusquets a reformar el primer boceto por querer derribar dos fincas modernistas.

A finales de julio, Fèlix Millet, presidente del Palau, fue obligado a dimitir al estar investigado por la Fiscalía por un presunto desvío de 2,29 millones de euros. En octubre de 2006, Millet, el consejero de Economía de la Generalitat, Antoni Castells, y el entonces regidor de Urbanismo, Xavier Casas, firmaron un convenio para modificar el Plan General Metropolitano (PGM) que diera vía libre al hotel. El Palau promovió el trámite urbanístico y lo presentó en el plazo de cuatro meses. En julio de 2007 se deshizo de las fincas.

Daniel Jiménez Schlegl, abogado de los vecinos y de Barcelona Vella, ha preparado una batería de medidas judiciales contra el proyecto: un contencioso contra Patrimonio -ya presentado- y otro contra la modificación del PGM. Posiblemente impugnará el convenio. "Está claro que no había ningún interés público y que toda la operación es especulativa. Con los indicios que hay, nos gustaría que un juez tirara el proyecto atrás", dijo Jiménez.