Comparecencia en falso

Mariano Rajoy compareció ayer ante la prensa en plena ofensiva del PP contra el Gobierno, jueces, fiscales y fuerzas de seguridad a cuenta de los escándalos de corrupción que le afectan. Los peores vaticinios se cumplieron. Fue un avance en la forma -Rajoy admitió preguntas en lugar de enviar una grabación o evitar las apariciones públicas, como hizo mientras el tribunal de Valencia mantuvo imputado al presidente Camps-, pero un desastre en el fondo. El líder del PP, en una decisión que le compromete y señala como en el pasado su apoyo a la teoría de la conspiración sobre el 11-M, avaló la estrategia desplegada por su partido para dificultar el esclarecimiento judicial de los escándalos y confundir a la opinión pública. El delgado hilo que sujeta esta estrategia, suicida para un partido que aspira a gobernar España y corrosiva para el sistema democrático, consiste en afirmar, sin aportar ni una prueba solvente, que el Gobierno está utilizando el Estado de derecho contra la oposición.

La gravedad de esta acusación radica en que el destinatario no es sólo el Gobierno, sino también cuerpos e instituciones del Estado que, como la policía y la justicia, son considerados por el PP simples instrumentos para la comisión de delitos. De acuerdo con las declaraciones de Rajoy, la Audiencia Nacional, el Tribunal Supremo y los Tribunales Superiores de Justicia de Madrid y Valencia habrían aceptado renunciar a la independencia que les exige la Constitución y ponerse a las órdenes del Ejecutivo. Y algo semejante habrían hecho la Policía Judicial y las fuerzas de seguridad involucradas en el esclarecimiento del caso Gürtel, aceptando ejecutar órdenes fundadas en un interés de partido y contrarias a la ley. Como bien dijo ayer el ministro del Interior, acusaciones semejantes no se pueden realizar en la playa, como hizo Cospedal, o en la inauguración de una exposición, como hizo Rajoy, sino ante los tribunales y con todas las pruebas en la mano. Si el PP creyera lo que denuncia, lo habría hecho. Pero, en lugar de ello, ha optado por promover un juego de equívocos en la confianza de que los ciudadanos se extravíen en los desvíos y señuelos que ha ido sembrando. Eso no es política; son trampas tabernarias.

El desprestigiado Federico Trillo se unió al desastre y volvió a aparecer en escena para presentar las, a su juicio, pruebas del espionaje ilegal y acoso a que está siendo sometido su partido. Sus argumentos -una llamada policial a Camps; una grabación realizada por el ex concejal del PP que destapó el caso Gürtel; la investigación de la FEMP en la etapa de Rita Barberá y el trato policial dispensado a los imputados del caso Palma Arena, asunto sobre el que Interior ha abierto una investigación- oscilaron entre la falsedad y la inexactitud. Olvidó Trillo, claro, que las acusaciones que pesan sobre altos cargos del PP han sido avaladas por media docena de jueces y fiscales en la Audiencia Nacional, el Tribunal Supremo y el Tribunal Superior de Madrid; y que el caso tiene más de cien imputados.

Rajoy, campeón en la exigencia de explicaciones de los demás y último clasificado en ofrecer las propias, compareció ayer en falso. No ofreció ni una de las explicaciones políticas sobre lo que sucede en su partido a que tienen derecho los ciudadanos. Dejó claro, además, que la huida de su partido más allá de los límites de lo políticamente aceptable no es producto del arrebato irresponsable de alguno de sus subordinados, sino una estrategia bien definida: todo vale con tal de evitar que se haga justicia. Semejante aberración no sólo ahonda la fractura entre el Gobierno y la oposición, sino también entre el PP y las instituciones democráticas. ¿Será éste el legado de Rajoy?