El Gobierno advierte a las familias de los riesgos de declararse en quiebra

Llegar a fin de mes ya resultaba complicado cuando el empleo estaba asegurado. Ahora que falla resulta imposible para muchos, sobre todo cuando un 45% de los asalariados vascos se halla en el entorno del mileurismo, y sus ingresos se ven mermados por el peso de los créditos hipotecarios y personales. La principal consecuencia de ello es que mes a mes está creciendo de forma muy notable, aunque las cifras absolutas aún son bajas, el número de familias que acuden a los juzgados de lo Mercantil para declararse formalmente en quiebra e iniciar un concurso voluntario de acreedores que reordene sus deudas y les permita rebajar su endeudamiento.

Sólo en el primer semestre de este ejercicio se han visto ya más concursos que en todo el año pasado. En apenas tres meses (entre abril y junio) ya se han iniciado casi tantos concursos como entre enero de 2004 y diciembre de 2007. El total de solicitudes, que generalmente rechazan los jueces, superan ya el centenar este año.

Los jueces rechazan muchas peticiones porque agravan la situación del deudor

El Gobierno vasco y los jueces advierten de que en estos casos de personas físicas con problemas de elevado endeudamiento ir al concurso de acreedores no ofrece soluciones beneficiosas, y proponen a los afectados como alternativa que renegocien con el banco o prestamista, incluso aunque ello les suponga perder el piso o los bienes comprados a crédito. Fuentes de la Administración de Justicia explican que "a las deudas con las que acude un ciudadano al juzgado hay que sumar los salarios del administrador concursal y los costes del proceso". "Es mejor empezar de cero que arrastrar unas deudas a lo largo de toda la vida", subrayan fuentes del Gobierno vasco.

El principal problema para las familias es que sus deudas no se acaban en el concurso, como sí ocurre en el caso de las personas jurídicas (las empresas). En el peor de los casos, si una sociedad no logra un pacto con sus acreedores, se liquida y con ello desaparecen las deudas las deudas. "Los socios pueden montar una nueva empresa que nace limpia de deudas. En el caso de las personas físicas en situación de insolvencia, las deudas les perseguirán en el futuro y les serán cobradas a ellos o a sus herederos, de futuras nóminas, herencias o premios", recalcan las fuentes informantes.

Aunque la nueva ley Concursal, que entró en vigor el 1 de septiembre de 2004, extiende su ámbito de aplicación también a las peronas físicas, a los ciudadanos, todos los expertos consultados desaconsejan su aplicación salvo en casos muy específicos de unidades familiares con elevados bienes e ingresos. La gran mayoría de quienes solicitan un concurso voluntario tiene, en cambio, un escaso nivel de ingresos.

Cuando la economía iba bien, bancos y cajas encontraban toda clase de soluciones para el consumidor con recursos limitados. Las tasaciones generosas de los pisos que hacían consultoras de las propias entidades financieras servían para poder ofrecer prestamos mayores y a más largo plazo, hasta 50 años. Las tarjetas de crédito gratuitas y con llamativos descuentos corrían como la pólvora al bolsillo del consumidor. Los créditos al consumo se concedían casi al instante, y el reagrupamiento de las deudas se convertía en una solución para seguir gastando. Esas mismas entidades financieras ahora se han cerrado en banda y aquellas soluciones se han transformado en el problema.

Un alto cargo del Ejecutivo recuerda que en Francia existe una legislación específica que impide a las entidades de crédito prestar a una persona física por encima del 30% o 40% de sus ingresos. Esa legislación que habilita a los jueces a atribuir a las entidades financieras una responsabilidad en la insolvencia de una persona si ha superado ese porcentaje por acción u omisión. Es decir, el banco "se come" parte de la deuda hasta reequilibrar ingresos y gastos del insolvente. "Eso no sucede en España. Hay algún movimiento en el Congreso para reformar la ley Concursal y mejorar estas situaciones pero, de momento, un juez no tiene instrumentos específicos para superar los problemas económicos de las familias", concluye esta fuente.