El 'caso Camps' llega a una encrucijada

Los dos "escalones" que Francisco Camps, presidente de la Generalitat, pensaba subir sin esfuerzo y con paso firme hacia el archivo de la causa en la que está imputado por recibir regalos de una trama corrupta son desde el viernes bastante más altos y complicados de superar. Camps y los otros tres imputados por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), Ricardo Costa, secretario general de los populares valencianos; Víctor Campos, ex vicepresidente de la Generalitat, y Rafael Betoret, ex jefe de gabinete de la Consejería de Turismo, podrían tener como compañeros de banquillo al cabecilla de la trama, Francisco Correa, y a dos de sus hombres: Álvaro Pérez, El Bigotes, y Pablo Crespo, el hombre que pagó los trajes supuestamente regalados.

La sala ha recibido una invitación para seguir investigando los regalos a Camps

Están más cerca que hace solo dos días de verse todos juntos frente a un jurado popular. El auto del Tribunal Superior de Madrid (TSJM) en el que se inhibe en favor del TSJCV para que incorpore a la causa a los empresarios corruptos ha introducido un elemento nuevo que puede desembocar en que la investigación prosiga con más imputados o en que se archive y el tribunal madrileño plantee un incidente de competencia ante el Supremo. Los jueces de la Sala de Lo Civil y Penal, Juan Luis de la Rúa, Juan Montero y José Francisco Ceres, tienen la palabra.La sala de Lo Civil y Penal tiene que resolver dos cuestiones que además están vinculadas. De una parte, los recursos presentados por los cuatro imputados contra el auto que el pasado día 6 de julio dictó el instructor José Flors y en el que convertía el procedimiento en jurado y dejaba claros los sólidos indicios que le servían para seguir adelante con la instrucción. Camps, Costa, Campos y Betoret solicitaron el archivo de la causa, negaron la existencia de delito alguno porque aseguraron no haber recibido regalos y sostuvieron que en el hipotético caso de que los hubieran recibido, habría sido por su relevancia en el PP y no por sus responsabilidades en la Administración pública. Además de esos recursos, la Fiscalía Anticorrupción y la acusación popular, que ejercen los socialistas valencianos, presentaron alegaciones a los escritos de las defensas.

La sala tiene que decidir si estima que los argumentos de los imputados frente al auto de José Flors son o no más creíbles, válidos y contundentes. Pero también tiene que decidir sobre la incorporación a la causa de Francisco Correa, Álvaro Pérez y Pablo Crespo, todos ellos imputados en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por delitos varios relacionados con la trama de corrupción que afecta a Valencia. En ocasiones previas, la respuesta de la sala a la petición realizada por las acusaciones fue negativa. Sin embargo, en este momento, no es una parte la que lo solicita. Se trata de un tribunal superior que estima conveniente que las tres personas que supuestamente realizaron los regalos sean juzgadas junto a quienes los recibieron. Y lo entiende oportuno porque cree que evidentemente existe una conexión, porque supone economía procesal (¿por qué juzgar por el mismo hecho en dos tribunales distintos pudiendo estar todos en uno?) y por seguridad jurídica, para evitar que se pudieran producir sentencias contradictorias sobre un mismo hecho.

Hay más. El tribunal de Madrid no solo esgrime esas razones: advierte de que puede haber más en el procedimiento en tanto quedan por desprecintar cajas con documentación.

Si la sala decidiera rechazar la competencia, mantener que asumió el caso solo para los cuatro imputados actuales y por el delito de cohecho pasivo impropio, el tribunal de Madrid podría presentar un incidente de competencia ante el Tribunal Supremo. Y si lo rechazara porque previamente archivara la causa al estimar los recursos de los imputados y por tanto planteara que al no haber caso no tiene nada que asumir, también acabaría en el Supremo: porque el Tribunal de Madrid presentaría el mismo incidente y porque las acusaciones recurrirán, como así han anunciado. Camps, por tanto, tiene una encrucijada. No parece fácil que la sala archive una causa en la que aún podrían incorporarse documentos nuevos sobre los hechos.