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El 'caso Margüello' lleva al Parlamento a Rafael Bengoa y a su antecesor Inclán

Por vez primera dos consejeros de Sanidad comparecen en la misma sesión

Por vez primera, dos consejeros de Sanidad, el actual y el anterior, comparecerán en la misma sesión en el Parlamento vasco. Será para ofrecer explicaciones del caso Margüello, las presuntas irregularidades en la adjudicación durante los últimos 11 años de contratos públicos a empresas privadas de las que son socios el ex jefe de Calidad del Hospital de Cruces, José Carlos Margüello, y otros dos médicos de Osakidetza, Eduardo Climent y Francisco Javier Zubiaga.

La gravedad del caso ha llevado a convocar una sesión de la Diputación Permanente del Parlamento (el órgano que sustituye al Pleno de la Cámara en vacaciones) para escuchar al actual titular de Sanidad, Rafael Bengoa, y su predecesor, Gabriel Inclán. El Departamento de Sanidad, que ha pedido una auditoría al Tribunal de Cuentas, calificó los hechos de "irregularidades graves", con conculcaciones del procedimiento administrativo e incluso perjuicios económicos para Osakidetza. En su informe señala que se llegó a multiplicar por "10 ó 15 veces" el precio de servicios prestados por las empresas de los implicados sin ninguna justificación. Así, se pasó de facturar 212.000 euros en 2007 a 2,7 millones en 2008 por el mismo servicio. Además, se señala la adjudicación de contratos por procedimiento de urgencia sin justificación para ello.

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Las empresas investigadas (cuatro y una unión temporal de tres compañías) fueron subcontratadas entre 1997 y 2008 por Osakidetza para la prestación de la atención urgente domiciliaria en los tres territorios vascos y para la derivación de pacientes incluidos en listas de espera quirúrgica y ambulatoria de Vizcaya.

Las anomalías llevaron a Sanidad a dejar de utilizar los servicios de varias empresas y a anular la subida de tarifas de un 19% (con lo que se llegaba al máximo) a otra, Medical Dom, aprobada en marzo cuando el Ejecutivo anterior estaba en funciones. Además, se abrió un expediente a los tres médicos.

Los afectados, que consideran estos hechos como una "campaña difamatoria", señalan que no pertenecen a los órganos de administración de las empresas que recibieron los contratos de Osakidetza y que no hay ninguna incompatibilidad con el hecho de que sean socios. Aseguran que las contrataciones por procedimiento de urgencia se debieron a la falta de capacidad de Osakidetza para prestar los servicos y que su trabajo, en contra de lo que sostiene Sanidad, ha supuesto un menor coste para las arcas públicas. "La sanidad ahorra recursos con estos conciertos", aducen y citan que la empresa Medical Dom tuvo un coste de 3,2 millones, mientras que ese servicio realizado por Osakidetza hubiera ascendido a 4,6 millones de euros. Tras la comparecencia de hoy, queda pendiente la comisión de investigación, que ha sido pedida por todos los grupos políticos.

JOSÉ CARLOS MARGÜELLO. El principal implicado

El ex jefe de Calidad del Hospital de Cruces, apartado ya de su cargo, ha rechazado las acusaciones de cualquier irregularidad en lo que ha calificado de "linchamiento público", que lo atribuye a una "guerra política" entre el actual equipo de Sanidad, nombrado por el PSE, y el anterior, en manos del PNV. Muy afectado por el escándalo -se encuentra en tratamiento médico-, reconoce la amistad con el ex titular de Sanidad Gabriel Inclán, quien conocía, dice, su participación en varias empresas subcontratadas por Osakidetza. "Pero de ahí no se puede deducir que eso haya llevado a actuaciones irregularidades. En absoluto", ha asegurado.

Rechaza que haya una trama y, sobre su participación en las empresas implicadas, dice que no tiene responsabilidades ni en la administración ni en la gestión. Ha sostenido que, ante la necesidad de nuevos servicios sanitarios, empezó en 1990 a crear empresas con otros médicos para cubrir un nicho de mercado. Respecto al consejero Rafael Bengoa, cree que es un "profesional de prestigio" y que en este caso quiere creer "que ha actuado de buena fe". "Pero en la acción pública no deben dejarse de lado los daños colaterales".

GABRIEL INCLÁN. Consejero cuando ocurrió el caso

A Gabriel Inclán, consejero de Sanidad entre 1999 y 2009, este caso le ha cogido en Chile, donde se encuentra inmerso en un proceso de reciclaje para su regreso a la profesión. Tiene plaza como jefe del Servicio de Medicina Interna en el Hospital de Cruces. El ex titular de Sanidad ha visto así en entredicho su gestión fuera de su cargo, después de que en su última etapa tuviera que hacer frente a numerosas huelgas de los sindicatos del sector, por la falta de personal, la ausencia de inversiones y el progresivo deterioro de la calidad asistencial.

Inclán negó al actual responsable de la consejería, Rafael Bengoa, que existiera cualquier irregularidad en los contratos a las empresas de los tres médicos implicados. Hoy deberá aclarar en el Parlamento las actuaciones calificadas como irregulares por su sucesor, y que amenazan con enturbiar la imagen de gestión eficaz que ha acompañado al PNV, especialmente, en un campo tan sensible como la sanidad. Los peneuvistas, a diferencia de la postura reticente que mantuvieron desde el Gobierno en los casos anteriores, han apoyado desde el primer momento la creación de una comisión de investigación.

RAFAEL BENGOA. Abrió la investigación

El actual consejero de Sanidad, Rafael Bengoa, uno de los cuatro independientes en el Gobierno socialista, inició una investigación de este caso el pasado 18 de mayo, tras las informaciones publicadas en El Mundo. Mes y medio después, las indagaciones -en las que se cruzaron datos de su departamento con el registro mercantil de Vizcaya sobre las empresas implicadas- concluyeron que existían unas "irregularidades graves".

Bengoa, que entró en el departamento con planteamientos de cambio y reforma, no ha hurgado en el caso, al negarse a valorar el papel jugado en este caso por su antecesor Gabriel Inclán, durante cuya gestión se adjudicaron los contratos a las empresas implicas. "Nosotros valoramos hechos, hacemos un diagnóstico y le damos un tratamiento, pero no entramos en juicios ni rumores. Lo que existe es un informe con datos de irregularidades y ustedes podrán llegar a sus conclusiones", apuntó al presentar las conclusiones de su investigación el pasado 1 de julio. El caso ha pasado al Tribunal Vasco de Cuentas Públicas para que realice "una auditoría exhaustiva" de lo ocurrido entre 1997 y 2008.

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