Se puede reeducar en lugar de encarcelar

Un niño se marcha a su casa, a pesar de haber participado presuntamente en una violación múltiple, porque tiene menos de 14 años, la edad mínima de responsabilidad penal. La fuerza de esta imagen que queda, al menos durante un tiempo, en la retina de la sociedad oscurece el debate sobre qué se debe hacer con estos chavales. Además, los casos de niños de 10, 11 o 12 años que comenten pequeños hurtos, una y otra vez, amparados por su edad y muchas veces dirigidos por adultos, preocupan cada vez más.

¿Qué se hace con estos niños y niñas? ¿Se rebaja la edad penal, como proponen algunos, para poder encerrar a los que cometan delitos más graves y, en definitiva, castigarles de alguna manera? "Ésa es una actitud infantil; nosotros somos los adultos", dice el psicólogo, experto en educación sexual en centros de menores, Santiago Agustín. Como él, muchos otros expertos sostienen que rebajar la edad penal, además de ir contra la Convención de los Derechos del Niño, no serviría de nada. Apuestan por la educación, por ir a las causas del problema (que suelen ser muchas y terribles) y trabajar con los niños, sus familias y su entorno. "Todo lo que se haga de acuerdo con el menor y la familia tiene mejores resultados", sostiene Esther Giménez-Salinas, rectora de la Universidad Ramón Llull y catedrática de Derecho Penal.

La dispersión legal crea "indefensión", dice la fiscal de Menores del Supremo

"Las comunidades tienen que asumir su responsabilidad", reclama un educador

En definitiva, unas medidas socioeducativas que, con la legislación actual, ya se pueden tomar, e, incluso, pueden acabar con los menores infractores en centros cerrados en los casos más graves, asegura el jurista, ex fiscal de menores de la Comunidad de Madrid, Félix Pantoja.

Otra cosa bien distinta es cómo se utilizan, cómo funcionan, con qué medios y con qué limitaciones se encuentran esos mecanismos, que en la práctica totalidad de los casos son gestionados por los servicios sociales de las comunidades. Las distintas posibilidades, la dispersión normativa y de medios en autonomías, diputaciones e, incluso, ayuntamientos muchas veces conforman una maraña de recursos inconexos que ralentizan la toma de unas medidas que deben ser muy rápidas. "Las comunidades tienen que asumir su responsabilidad y crear los mecanismos especializados para responder adecuadamente lo más rápido que se pueda", añade Pascual Jiménez de Bagüés, educador del Equipo de Menores de Catorce Años, organismo creado por los servicios sociales en la provincia de Zaragoza para los chavales que cometen delitos por debajo de esa edad.

Empezaron a trabajar en 2002 porque los profesionales de protección de menores no especializados dejaban desatendidos el 95% de los casos de infractores menores de 14 años. La razón es que suelen trabajar con casos claros de abandono o desamparo, es decir, que el niño esté solo o desatendido por sus padres, algo a lo que no responde ese alto porcentaje de los infractores.

La fiscal de Menores del Tribunal Supremo, Consuelo Madrigal, explica q ue cada comunidad ha ido desarrollando sus propias normativas desde la aprobación de la ley del menor de 2000, que se han ido adaptando, dice, a estas situaciones, pero con una dispersión tal que se crea mucha "inseguridad jurídica". En cuanto a la eficacia de esas medidas socioeducativas dice, a la gallega: "Depende de las comunidades autónomas y de los medios".

Por ejemplo, el equipo zaragozano al que pertenece Jiménez es pionero en España; luego han ido llegando otros en Guadalajara, Cuenca y Granada. "Y funciona; sólo el 6% vuelve a cometer alguna infracción después de que trabajemos con ellos", asegura el educador. Pero, por regla general, con un niño infractor de 13 años o menos, "si es por pequeños delitos, como hurtos o peleas, no se suele hacer nada", explica Madrigal. Si hay reincidencia, continúa, o si el delito es muy grave -"algo que ocurre muy poco, lo cual no significa que no haya que intervenir"-, la fiscalía emite un informe que manda a los servicios sociales de la comunidad para que ellos evalúen la situación y tomen las medidas. Para José Antonio Luengo, secretario general del Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid, el hecho de que las medidas a tomar dependan de los servicios sociales de cada comunidad las convierte en "insignificantes". "Probablemente no sea necesario rebajar la edad penal, pero sí hacer un protocolo estable y planificado de actuación", sostiene Luengo.

En cualquier caso, para otros el gran problema radica en que las medidas que se toman desde los servicios sociales no son obligatorias, y tienen que contar con la aceptación de las familias. Algunos fiscales, cuando piden la rebaja de la edad penal no es para encerrar a los niños, sino para poder imponerles esos programas educativos. Por ahora el margen más claro que existe para poder hacerlo es que los chavales estén en una clara situación de abandono o desamparo, con lo que la comunidad asumirá su tutela. En muchos casos, ese menor irá a un centro de acogida, sin embargo, esos centros no tienen grandes medidas de seguridad y los chicos y chicas se pueden escapar, recuerda Teresa Gisbert, fiscal jefe de la Audiencia de Valencia y especialista en menores.

Por eso, el Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid, Arturo Canalda, proponía hace unos meses desde las páginas de este diario que se impongan "medidas de contención obligatorias" para estos casos. Los jueces de primera instancia, de hecho, pueden tomar las decisiones que consideren necesarias para apartar al menor de una situación de riesgo para sí o para los demás. Sin embargo, no se suele recurrir a esta posibilidad salvo en casos muy extremos y, de nuevo, es mucho más difícil si el menor tiene una familia que se ocupa, aunque sólo sea más o menos, de él.

El problema, para el psicólogo Santiago Agustín, es que "se acaba castigando la situación social del chaval". En Andalucía, por regla general, no hay protocolos especiales para estos chavales y, en concreto, en Málaga, cuando alguno llega desde la fiscalía y su "situación personal y familiar no es grave, la apertura de expediente suele llevar aparejada una carta de información a los padres o la solicitud de una entrevista con los mismos", según un estudio de 2007 de las profesoras de derecho María José Bernuz Beneitez, Esther Fernández Molina y Fátima Pérez Jiménez. Y cuando se interviene porque su situación social y familiar es grave, se hace "sin atender particularmente a la comisión de la infracción".

Titulado Menores de 14 años que cometen delitos, el texto concluía que existe esa dispersión de políticas y planteaba: "Si la solución a estas conductas está en una reforma legislativa o más bien en una adaptación de las prácticas administrativas y sociales a una situación que, en cualquiera de los casos, reclama urgentemente una respuesta. Dada la importancia que tiene una intervención educativa realizada a tiempo en la prevención de la reincidencia, sobre todo de comportamientos violentos, habría que apostar por respuestas que, como la justicia reparadora, favorezcan la responsabilización y la concienciación del menor sobre las consecuencias de sus actos".

Porque, de hecho, la incógnita que se abre es si sirven de algo los internamientos por sí solos. El Defensor del Pueblo publicó hace unos meses un informe en el que se quejaba de las enormes carencias de estos centros de menores donde en muchas ocasiones se olvida completamente la función educadora o reeducadora. Además, ponía de manifiesto que la mayoría de ellos son de gestión privada, por lo que se produce lo que el psicólogo Javier Urra calificó como una "desresponsabilizacón" de las administraciones, algo que planea sobre todos los mecanismos, judiciales y extrajudiciales, de protección y reforma del menor -el 70% de los centros de reforma también son de gestión privada, algo que seguramente provocaría grandes aspavientos sociales si se tratara de cárceles para mayores de edad-.

De hecho, el Poder Judicial emitió un informe el año pasado en el que no sólo puso de manifiesto que 6.000 sentencias de menores no se ejecutan por falta de medios, sino que, en concreto, la falta de centros, educadores y recursos terapéuticos hace "que los objetivos educadores y resocializadores de la jurisdicción de menores no pueden ser alcanzados".

En el caso concreto de los infractores menores de 14, la fragmentación ya señalada hace muy difícil hacer una valoración general de este tipo, aunque todo apunta también a una escasez de medios. Sin embargo, el psicólogo madrileño Santiago Agustín considera "que hay recursos, sólo hay que ordenarlo y usarlos bien".

En el equipo zaragozano de menores de 14 años, lo primero que se hace es trabajar en apoyo de la víctima. Después con el agresor y su familia. "Es cierto que no tienen que aceptar la ayuda, pero aunque sean reacios, y aun en ese 10% en el que los menores no reconocen haber cometido el delito, se acaba aceptando el apoyo", asegura Pascual Jiménez. Y si finalmente los padres y el menor se cerraran en banda en un caso grave, Jiménez asegura que el caso iría al juez alertándole de la clara situación de riesgo del menor.

Sólo han tenido un caso grave de abuso sexual en los siete años del equipo, y hoy, agresor y víctima tienen una vida normal, asegura. En su actuación, lo primero es que el infractor entienda que lo que ha hecho está mal y asuma las consecuencias. Se intenta que compense a la víctima de alguna manera y también a la sociedad, por ejemplo, con programas educativos que tengan que ver con el delito cometido. También ofrecen talleres (de solución de problemas, habilidades sociales o control emocional) e incluso programas de orientación familiar para padres e hijos. "Se les puede tratar en abierto y con garantías", dice Jiménez, pero también han llegado a sacar a dos chavales de su entorno para llevarles a centros en zonas rurales.

A menudo, a estas intervenciones se les acusa de buenistas, sin embargo, una larga lista de expertos y trabajadores las defienden, no sólo como las mejores, sino como las eficaces para la sociedad.