El juez liquida cuatro firmas de Llanera y otras cuatro dependen de un convenio

El Juzgado de lo Mercantil número 2 de Valencia ha acordado la liquidación de cuatro sociedades de Llanera y la apertura de la fase de convenio para otras cuatro mercantiles del grupo inmobiliario valenciano. Llanera entró en concurso de acreedores en octubre de 2007. Desde entonces, la administración concursal elegida por el juzgado ha tratado de despejar qué se podía salvar y cómo se podía hacer frente a las deudas millonarias con numerosos acreedores.

Según consta en la parte dispositiva del auto facilitado ayer por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana, ha quedado finalizada la fase común de concurso y se da paso a las fases de liquidación y convenio. Quedan, según la decisión comunicada por el juez, afectadas por liquidación las sociedades Llanera Construcciones, Obras y Proyectos, SLU, Inversiones Monvarla, SL, Entorna Soluciones Medioambientales, SL, y Descans de Les Marines, SLU. Las facultades de administración y disposición del patrimonio de esas mercantiles por parte de su dueño, deudor, han quedado en suspensión. Es decir, el juez declara la disolución de dichas mercantiles y sustituirá a sus administradores por la administración concursal. En 15 días, deberá presentar el plan de liquidación.

Por otra parte, se abre fase de convenio para las mercantiles Llanera, SL, Llanera Urbanismo e inmobiliarias, SLU, Patrimonial Arenal, SLU, y Aldalondo, SLU. Al tiempo, se emplaza a una junta de acreedores para el próximo 28 de septiembre, haciendo constar que los acreedores podrán adherirse a la propuesta de covenio.

Además, el pronunciamiento judicial incluye el vencimiento anticipado de los créditos aplazados y la conversión en dinero de aquellos que consistan en otras prestaciones, así como la inscripción en el Registro Mercantil de la nueva situación de las sociedades.

La primera empresa constructora afectada por el cambio de ciclo inmobiliario fue Llanera, que presentó una solicitud voluntaria de concurso de acreedores (antigua suspensión de pagos) por falta de liquidez el 1 de octubre de 2007. La constructora arrastraba un pasivo de 746 millones de euros y señalaba a las entidades financieras como responsables de su situación de insolvencia. Sin embargo, distintos expertos consideraron que fue debida una mala gestión empresarial.