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La investigación del 'caso Gürtel'

Los jueces de Valencia dan argumentos al PP para denunciar una "cacería"

La Sala que decidirá sobre Camps achaca a los socialistas "realizar una montería"

Los socialistas promueven una "cacería" indiscriminada de dirigentes del PP, según sostuvo ayer la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, que encontró argumentos para esa afirmación en un auto dictado el día anterior por la Sala del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) que decidirá si el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, es juzgado o no por cohecho. El último auto sobre el caso Gürtel sirvió de munición a Barberá, que acusó al Gobierno y al PSOE de propiciar una "batida general" contra dirigentes del PP por la investigación de la trama corrupta que lidera Francisco Correa.

El auto rechaza el recurso de los socialistas, que son acusación popular, ante la negativa del instructor del caso, José Flors, de aceptar nuevas diligencias. La resolución la firma el magistrado de la Sala de lo Civil y Penal del TSJCV Juan Montero Aroca, que afirma: "Se desprende claramente que lo pretendido por la acusación popular es realizar una especie de batida de montería o, en términos menos cinegéticos y más jurídicos [sic], de hacer una pesquisa general". Y añade: "Se trataría de removerlo todo, de pedir actos de investigación que no guardan relación con los hechos y con los indicios conocidos".

Camps dijo que no hay palabras para definir su amistad con el juez De la Rúa

El juez Montero es el ponente de un auto que también suscriben el presidente del Tribunal Superior, Juan Luis de la Rúa, de quien Camps dijo públicamente el pasado año: "Tendremos que buscar en el diccionario otra palabra distinta a la de amistad que resuma y defina la íntima y sentida colaboración entre De la Rúa y el presidente de la Generalitat". También lo firma el magistrado José Francisco Ceres, repescado tras ser anulado su primer nombramiento.

Todos ellos son de conocidas posiciones conservadoras. Montero fue elegido en la década de los ochenta por las Cortes valencianas, a propuesta del PP, para incorporarse al Tribunal Superior. Es catedrático de Derecho Procesal Penal en la Universidad de Valencia y archivó recientemente la causa contra el ex alcalde de Alicante Luis Díaz Alperi, del PP, por supuesto desfalco de seis millones en Mercalicante. Más allá de las consideraciones políticas que hace Montero en el auto, los argumentos jurídicos son idénticos a los que expresó el instructor de la causa, José Flors, quien ya desestimó las peticiones del PSPV.

En esencia, la acusación popular pedía que se aportaran expedientes de contratación de la Generalitat con la empresa de la trama Orange Market y declararan seis consejeros autonómicos y siete imputados en el sumario del caso en Madrid. La Sala entiende que al asumir la competencia del caso ya limitó la investigación a los cuatro imputados -Camps; el secretario general del PP valenciano, Ricardo Costa; el ex vicepresidente Víctor Campos y el ex jefe de gabinete de Turismo Rafael Betoret- y al delito de cohecho. Esta misma Sala, que sólo podría variar si se incorpora tras las vacaciones el magistrado Juan Climent, propuesto en su día por el PSPV, es la que debe decidir sobre el recurso de Camps contra la continuidad de la causa.

Barberá aprovechó una rueda de prensa en la que fue preguntada de nuevo sobre posibles regalos recibidos de la trama para usar el auto de Montero y acusar a los socialistas de perseguir al PP: "Hasta los jueces les dicen reiteradamente que actúan con temeridad y mala fe, y que van de cacería contra los políticos adversarios". El auto demuestra "la obsesión errónea en este proceso" de los socialistas, abundó Costa.

El portavoz socialista en las Cortes, Ángel Luna, defendió la solicitud de nuevas diligencias: "No hemos salido al campo a hacer una montería, sino a buscar elementos concretos que tienen que ver con los contratos a estas empresas, que han pagado los trajes y regalos que han recibido los imputados en la causa". La Generalitat adjudicó contratos a Orange Market por más de siete millones de euros. Luna acusó al tribunal de "bloquear la investigación" y pretender centrarla sólo en los regalos de la trama. Por ello, acudirá al Tribunal Constitucional tras el rechazo de sus peticiones por el Tribunal Superior.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 23 de julio de 2009