Acerca del CNI (II)

Según está mandado en la Ley 11/2002, de 6 de mayo, mediante dos reales decretos de numeración correlativa, dictados el pasado 24 de abril, se disponía, a propuesta de la ministra de Defensa y previa deliberación del Consejo de Ministros, el cese por expiración de su mandato y el nombramiento para otro nuevo de Alberto Saiz, como secretario de Estado director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI). Había trascendido algún desacuerdo previo para esa renovación entre la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, y la ministra de Defensa, Carme Chacón. La primera, es competente porque preside la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos de Inteligencia, encargada de velar por la adecuada coordinación de todos los servicios de información e inteligencia del Estado, en aras de la formación de una comunidad de inteligencia. La segunda, porque tiene al CNI adscrito a su departamento. Venció el pulso la vicepresidenta, pero su victoria fue pírrica.

Parece que Saiz había mostrado cierta preferencia por despachar con De la Vega, puenteando a la ministra

Al renovado director no le fueron aceptadas las medidas de depuración que proponía para restablecer la disciplina y parece que a partir del momento en que declinó atender determinados requerimientos de Jotapedro empezó a padecer los embates del diario predilecto de Moncloa, el cual se dedicó a publicar algunas filtraciones internas que daban cuenta de dispendios varios en ámbitos de la pesca deportiva. Así, en apenas dos meses se precipitó su dimisión y se procedió a su relevo, acordado por otro real decreto simultáneo de 3 de julio, donde se nombraba para el cargo al general Félix Sanz Roldán, a quien se confiaba la misión de restablecer el orden sin beneficiar a los indomables. Sucede que la designación se hizo pública la víspera, cuando la ministra de Defensa se encontraba de visita oficial en Washington. Entonces, esa ausencia se adujo para declararla ajena a un nombramiento que debía hacerse a propuesta suya.

Para subsanar esa impresión, aquel mismo viernes, 3 de julio, se ideó la fotografía del nuevo titular del CNI, pendiente aún de tomar posesión, en el despacho de la ministra, que señalaba con el dedo índice en actitud de demostrar autoridad. En medios del Gobierno se reconocía la eficacia de Alberto Saiz en el ámbito de la lucha antiterrorista, un dato que habría abonado su continuidad. Pero la información es poder y parece que Saiz había demostrado cierta preferencia por despachar con la vicepresidenta, puenteando a la ministra de Defensa. Más allá de estos detalles, la lectura del Boletín Oficial del Estado, donde permite advertir que para ser nombrado director del CNI basta sin más la propuesta del ministro de Defensa, es decir, merecer su confianza, mientras que el secretario general, que es su segundo con rango de subsecretario, ha de seleccionarse "entre personas de reconocida experiencia y competencia profesional en el ámbito de la Inteligencia". Así que el agrónomo Alberto Saiz, sin otros antecedentes que los de sus responsabilidades en la Consejería de Agricultura de la Junta de Castilla-La Mancha, pudo ser nombrado director del CNI por obra y gracia del ministro José Bono, pero no habría podido ser designado secretario general.

Ahora, la condición militar del recién nombrado Félix Sanz Roldán se quiso interpretar de manera primaria como un retroceso, después de que se hubieran sucedido en la dirección del CNI a partir de 2002 el diplomático, Jorge Dezcallar, y el agrónomo, Alberto Saiz. Pero el general Sanz Roldán tiene una trayectoria que incluye destinos en Washington y en Bruselas, estuvo adscrito a la Dirección General de Política de Defensa, fue jefe del Estado Mayor de la Defensa, primer eslabón de la cadena de mando militar. En esa estructura ha contado con el Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas. Así que descartar a personas de su valía sería una excentricidad y un despilfarro para nuestro país.

Otra cuestión distinta es que el presidente del Gobierno esté habilitado por la disposición adicional tercera de la ley más arriba mencionada para modificar por un simple real decreto la adscripción orgánica del CNI a otro departamento ministerial, por ejemplo el de Presidencia o el de Fomento. También debería reconsiderarse que el control parlamentario del CNI lo ejerza esa excéntrica Comisión de Fondos Reservados del Congreso de los Diputados, que algunos denominan por su cuenta Comisión de Secretos Oficiales, en lugar de una constituir una Comisión de Inteligencia.

Además, habría que atender a los efectos colaterales que derivan del Estatuto del Personal y en especial la renuncia impuesta a quienes se integren en el CNI a la carrera profesional, en muchos casos militar. Son materias pendientes para el próximo día.