Viviendas sin vender

Transcurrido un año desde las últimas elecciones generales, resulta ya evidente que las promesas que hizo el presidente del Gobierno en materia de vivienda protegida se han quedado en papel mojado. Aún así, se trata de un incumplimiento del que en parte conviene felicitarse, pues lo último que necesita la economía española es una aparente victoria pírrica para el sector inmobiliario, basada en la construcción de nuevas viviendas con cargo a fondos públicos, en un momento en el que el stock de vivienda supera ya el millón de unidades. El Gobierno contaba con la construcción de, al menos, 150.000 viviendas de protección oficial durante cada año transcurrido a partir de 2009. En la realidad, esta cifra apenas superará las 20.000 unidades, una vez firmados los convenios con las autonomías y en caso de que estos convenios se suscriban con la banca, requisito que -en la mayor parte de los casos- no se está dando.

El voluntarismo que ha demostrado el Gobierno previamente a las elecciones ha dado paso al más puro realismo, antes incluso de finalizar el segundo acto de este drama. Lo que pretendía ser un cambio de modelo en el sector, impulsado por decreto y aparentemente capaz de sostener la actividad constructora y garantizar el acceso a la vivienda de los colectivos menos favorecidos, se ha difuminado en el horizonte. Con ello, ha quedado demostrado que las aspiraciones -dirigidas desde el BOE- para transformar una estructura productiva, han resultado una quimera.

La política de vivienda del Gobierno se ha quedado en agua de borrajas. No tiene ningún sentido multiplicar la construcción de nuevas viviendas, aunque sean VPO, cuando uno de los problemas que tiene España y que, por cierto, ha podido contribuir a agravar aún más la crisis, se ha derivado del exceso de viviendas construidas durante los últimos años. El único efecto que produciría la salida de más vivienda al mercado, en un momento en que se ha derrumbado la demanda -bien por la falta de expectativas o bien por la dificultad a la hora de obtener crédito- sería retrasar la absorción de estas viviendas por el mismo mercado.

Resulta evidente que la política de viviendas de VPO desarrollada hasta ahora no ha resultado ser una solución eficaz. Como tal, termina produciendo un efecto perverso y negativo para el ciudadano, quien tiene que pagar más impuestos para poder financiar estas viviendas, comprobando por otro lado cómo su propia vivienda acusa una notable pérdida de valor, hecho que reduce su percepción de riqueza y termina afectando al consumo.

Lo que pide a gritos el mercado es que la vivienda terminada y no vendida -esto es: el stock existente- se termine vendiendo. Para ello, es necesario que los recursos financieros públicos y privados se dirijan a tal fin. ¿Cuál es el camino más acertado para dotar de vivienda a las familias que, por sus condiciones económicas, son susceptibles de percibir ayudas públicas? Transformar la vivienda ya fabricada en VPO, independientemente de sus características físicas.

Este es el camino a seguir durante los próximos años. Un camino que requiere de dos comportamientos básicos en los agentes del mercado: para los promotores, rebajar los precios de las viviendas a niveles de VPO y para los bancos, comprometerse a subrogar a los adquirientes en la hipoteca para la adquisición de la vivienda: la única medida eficaz que se contempla en el Plan de Vivienda Protegida 2009-2012.

Esta sería, en mi opinión, la única política existente para normalizar el mercado de la vivienda, pues ninguna empresa razonable puede comenzar la construcción de nuevas viviendas con un stock que merma su capacidad financiera día tras día. A partir de aquí, los planes y propuestas de construcción de nuevas viviendas protegidas son simples brindis al sol: más allá de los efectos publicitarios -y a las cifras me remito-, no ofrecen alternativas reales al ciudadano, pues no se traducen en apenas ninguna actuación.

Existe una fórmula a partir de la cual es factible poner a disposición del ciudadano una oferta de vivienda protegida inmediata, objetiva y viable, derivada del stock de viviendas ya finalizadas, siempre que exista un compromiso por parte de la banca para financiar las hipotecas. De otra manera, difícilmente veremos las viviendas protegidas, más allá de los titulares de prensa.

Benjamín Muñoz es secretario general de la Federación de Promotores Inmobiliarios de la Comunidad Valenciana.