Marbella: ¿Pulso a la Junta o a la ley?

Estamos en un momento decisivo para el futuro de la ciudad de Marbella. El pleno de su Ayuntamiento abordará próximamente la recta final de aprobación de su Plan General de Ordenación Urbana y unas declaraciones del Gobierno local del PP rompen la línea de colaboración abierta entre la Administración autonómica y la local que ha presidido toda la tramitación del plan, por lo que me veo en la obligación de hacer algunas consideraciones públicas ante lo que creo es un grave error.

El gobierno municipal anunció el pasado jueves que modificará el plan presentado por el equipo redactor, que se aprobó con los votos del PP hace unos meses en fase provisional, para que ninguna vivienda habitada tenga que ser demolida por ilegal que sea.

Con este anunció el PP dice justo lo contrario de lo que votó en el pleno municipal (alguien debería explicar porque esta incoherencia), pero se quita definitivamente la careta al volver a lo que prometió en campaña electoral de 2007 para conseguir la alcaldía. Mi conclusión sólo puede ser una: el Ayuntamiento de Marbella se acerca peligrosamente a la línea roja de la ilegalidad urbanística.

Por desgracia, Marbella lleva demasiado tiempo siendo noticia porque sus gobiernos municipales han transgredido el ordenamiento jurídico y no sólo en su parcela urbanística. Ha costado mucho normalizar la situación desde la retirada de competencias por la Junta al Ayuntamiento hasta tramitar un nuevo PGOU y que éste dé solución al gravísimo problema generado con anterioridad.

La tan demandada vuelta a la seguridad jurídica cuanto antes, que por cierto es la principal aspiración de los agentes sociales y económicos del municipio, puede ponerse hoy en peligro por un grave error político que sólo contentará temporalmente a unos vecinos, pero retrasará indefinidamente la aprobación del plan, eso si intentando hacer creer a la opinión pública que es responsabilidad de la Junta de Andalucía.

El Ayuntamiento sabe que no cabe la legalización completa de todas las ilegalidades cometidas en Marbella. Sabe que un PGOU que respalde eso será un PGOU que previsiblemente rechazarán los tribunales de justicia por no respetar la legalidad y porque, como dice la jurisprudencia, no hay detrás un modelo real de ordenación urbanística serio que lo respalde y vele por el interés general. Y como lo sabe, el Ayuntamiento engaña a aquéllos a los que promete algo que no podrá cumplir, porque no sólo será la Junta, que debe velar por la legalidad, sino los tribunales los que dirán no. Esta actitud del PP (que por cierto no es nueva) sólo se explica por una mezquina intención de que sean otros los que asuman dar la cara reiterando a los vecinos lo que ya dijeron las sentencias al respecto.

El PGOU de Marbella, elaborado por el equipo redactor durante más de dos años, es un ejercicio riguroso de imaginación urbanística técnico-jurídica para establecer los criterios de un modelo de ciudad que intente devolver a los marbellíes un territorio ordenado según parámetros de sostenibilidad y respeto a los equipamientos, dotaciones y necesidades del interés general.

Es un plan que pinta donde otros emborronaron y ensuciaron usurpando zonas verdes, espacios públicos, equipamientos sanitarios o educativos y áreas de litoral de las que deberían disfrutar todos y no sólo unos pocos. Un plan que intenta, con las menores convulsiones posibles a los ciudadanos y a la economía local, acomodar en un modelo coherente iniciativas particulares respaldadas por licencias ilegales de anteriores gobiernos locales que acumulan más de 100 sentencias para que se restaure la legalidad. Un plan que mejora los estándares de calidad de la ciudad y admite la compatibilidad de aquellas edificaciones que aún siendo ilegales en su origen pueden regularizarse en base a los criterios del nuevo modelo de ciudad planteado, compensándose eso si al Ayuntamiento y a sus ciudadanos con los beneficios que quisieron ahorrarles los anteriores regidores a costa del interés general.

Pero este modelo de regularización urbanística no es válido en todos los casos. No todo puede compensarse, ni es posible hacer un plan que consista en ir poniendo sin criterio alguno una etiqueta de legal donde hay un edificio ilegal. El ordenamiento jurídico es algo más serio y el planeamiento urbanístico también. El Ayuntamiento de Marbella y su equipo técnico lo sabe, así que sólo me cabe pensar en una burda maniobra para seguir alimentando esa estrategia del PP, especialmente en Málaga, que se basa en el agravio y el maltrato de la Junta.

La única parte positiva de todo esto es que este despropósito permita ver a los ciudadanos la falta de rigor en la toma de decisiones del PP. Les da igual las reglas de juego de un Estado de Derecho y los principios básicos de un urbanismo entendido como una función pública que vele por los intereses generales. Aplican sin pudor aquella máxima de Groucho Marx de "tengo estos principios, pero si no le gustan tengo otros". Lo que ocurre es que en los dirigentes del PP esta vez no suena a chiste, sino a puro engaño a unos vecinos haciéndoles creer que es la Junta de Andalucía y no la ley y los tribunales, los que exigen regularizar esta situación.

En cualquier caso, aún queda margen para volver al consenso que ha inspirado las relaciones entre la Junta y el Ayuntamiento de Marbella en todo el procedimiento de tramitación del plan y que esta ciudad recupere la credibilidad pública que da el perfecto cumplimiento de la legalidad urbanística. En ese objetivo tendrán a la Junta de Andalucía como leal compañero de viaje.

Juan Espadas Cejas es consejero de Vivienda y Ordenación del Territorio.