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Reportaje:

Amigos, conocidos y saludados

El PP aplaude las excusas de los imputados y parece que no le importa dejar en evidencia a Camps

Un argumento domina tres de los cuatro recursos presentados por los imputados de la trama valenciana del caso Gürtel contra al auto del instructor que asegura tener indicios suficientemente sólidos para continuar investigando: cada uno se pagó sus trajes y en el hipotético caso de que hubieran recibido regalos no sería por sus cargos públicos sino por su relación con el PP. Es decir, Francisco Camps, presidente de la Generalitat; Ricardo Costa, secretario general de los populares valencianos; y Rafael Betoret, ex jefe de gabinete de la Consejería de Turismo y actual asesor de la Diputación de Valencia, pretenden que la Sala de Lo Civil y Penal crea que nada tienen que ver sus responsabilidades, relaciones y quehaceres en el PP con el ejercicio de sus cargos públicos.

La posibilidad de los regalos aparece en todos los recursos

El PP confía en que la Sala, de mayoría conservadora, le dé la razón

Aunque todos han admitido por fin algún tipo de relación -amigo, conocido, saludado-, con Álvaro Pérez, El Bigotes, hombre en Valencia del supuesto cabecilla de la trama, Francisco Correa, ha sido Víctor Campos quien ha calificado de más íntima y personal una amistad en la que la asistencia a comidas, bodas y bautizos ha fraguado un contacto que va mucho más allá de los trajes, las corbatas y los eventos varios. Y el PP, que nunca pensó que el asunto tuviera el recorrido jurídico que ha tenido, aplaude esa estrategia de vincular los supuestos regalos a la relación con el partido. Lo hace sin atender a la posición en que queda Camps, quien por activa y pasiva, en las Cortes Valencianas varias veces y en actos públicos otras tantas, ha mantenido que los regalos nunca existieron y que él pagó en efectivo y no guarda factura ni recibo alguno. Es decir, aún en el supuesto de que Camps se librara de sentarse en el banquillo porque su argumento prosperara, quedaría en evidencia que el presidente de la Generalitat ha faltado a la verdad.

En los recursos, con la advertencia de que es como mero supuesto teórico, se reitera que de haber recibido esos regalos, serían precisamente por su vinculación al PP. Por supuesto, ponen en duda la documentación que hay en la causa, se pone incluso bajo sospecha una pericial policial. Según fuentes jurídicas, ciertamente la única escapatoria al preciso auto del magistrado-juez José Flors es la de desvincularse de la esencia del delito de cohecho pasivo impropio: ser funcionario público. Pero, ¿puede la Sala admitirlos y con ello archivar la causa cuando el pasado mes de abril aceptó la competencia del caso que le llegó de manos de Baltasar Garzón porque entendió que había indicios? ¿Puede ahora estimar unos recursos cuando los indicios iniciales se han convertido en más sólidos tras las diligencias practicadas por Flors? Poder, puede. Y eso es lo que espera el PP. Algunos piensan que para una Sala de clara mayoría conservadora, presidida por Juan Luis de la Rúa, de quien Camps ha dicho que es más que un amigo y que considera que no hay motivos para inhibirse, no sería demasiado difícil. Otros entienden que Flors ha hecho un trabajo de ingeniería fina como para no verse aplastado por quienes son sus compañeros. La Sala, en cualquier caso, recibirá visiones encontradas de los mismos hechos y personajes.

- José Flors. El juez instructor de la causa ha dado la medida de las expectativas a pesar de las muchas presiones que desde su entorno se señalan como incesantes. No forma parte de los corros próximos al poder. Pertenece a la asociación Francisco de Vitoria. Su investigación ha sido, dicen quienes conocen su trayectoria, un nuevo ejercicio de imparcialidad. Se ha visto constreñido por el auto de competencia de la Sala, que limitó las averiguaciones a los cuatro imputados y al cohecho pasivo impropio del artículo 426 del Código Penal. A pesar de esas limitaciones, en el auto del pasado día 6 deja claro que no hay prueba alguna de que alguno de los cuarto imputados se pagara sus trajes. Deja claro que hubo pagos a través de transferencias y cheques por parte de Pablo Crespo, socio de Álvaro Pérez en Orange Market. Y aunque también deja claro que no observa relación con los contratos y adjudicaciones desde la Administración a esta empresa, cosa que no se ha investigado en esta causa más allá de las preguntas realizadas a una treintena de funcionarios relacionados de una otra forma con las mesas de contratación, lo que no hace es separar la condición de funcionario de la del partido.

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José Tomás. Con mayor o menor intensidad, los imputados cuestionan la versión de los hechos del testigo de cargo: el sastre José Tomás. Pero el juez dice que sus imprecisiones (declaró varias veces sobre hechos que ocurrieron desde 2005 a 2008) han sido lógicas y no existe atisbo de ánimo de vengaza en su testimonio. Tomás afirma claramente que nunca vio a Camps pagar los trajes, ni a los demás tampoco. Y con la misma contundencia asegura que había una práctica acordada con Álvaro Pérez por la que se abría una cuenta de pagos pendientes de diferentes encargos, entre los que estaban los realizados a Camps, Costa, Campos y Betoret. El sastre, que tuvo nueve encargos de Camps, según el auto, se encontraba con el presidente de la Generalitat en el hotel Ritz de Madrid y varias veces le recibió en las tiendas de Milano y Forever Young.- Francisco Camps. "Solo quedan dos escaloncitos", dijo el presidente de la Generalitat cuando conoció el auto del pasado día 6. Lo dijo como el que sabe que un final concreto y favorable le espera en un trámite muy determinado: el recurso ante la Sala de Lo Civil y Penal. De momento, ninguna de las pretensiones de su defensa ha prosperado: no se ha paralizado el procedimiento, no se estimó el recurso a la competencia del caso que dictó la propia sala y el juez ha rechazado su petición de archivo. Por si las cosas no son solo "dos escaloncitos", el presidente ya contempla, siquiera teóricamente, que de haber existido regalos serían por su condición de presidente del PP. De ser así, es tanto como admitir que aceptó las dádivas, las mismas que ha negado desde que estallara el caso.

- Ricardo Costa. "Conocía por referencias al Sr. Pérez porque venía realizando actos del Partido Popular". Así explica el secretario general de los populares valencianos, Ricardo Costa, su relación con quien supuestamente pagó facturas de unas prendas que el auto le atribuye y cuyo abono no consta a su nombre. Costa desvincula su condición de diputado de las dádivas en favor de sus cargos en el PP. Es más, Costa excusa la falta de pago en las continuas llamadas que su secretaria realizó a los establecimientos y que eran contestadas dándole largas por indicación de Álvaro Pérez, que era quien pagaba después.

- Víctor Campos. Es el único suspendido de militancia desde el pasado mes de abril por esta causa. Su intención era admitir los regalos y explicarlos por su estrecha relación con Álvaro Pérez. Las presiones le obligaron a dar un paso atrás. Sin demasiados detalles, niega las dádivas, afirma que le dio dinero a Pérez para pagar los trajes y que entre ambos existía "una amistad (comidas, asistencia a la boda del Sr. Pérez, invitación al bautizo de su hijo...) que no ha sido cuestionada por nadie".

- Rafael Betoret. Niega su condición de funcionario. Define, aunque hay interpretaciones jurídicas contrarias, su cargo de jefe de gabinete como de "relación laboral no regulada por el derecho administrativo". Asegura que se pagó los trajes y explica incluso que, en una ocasión, pidió que esperaran para cobrar a que llegara su paga extra de julio y que, en otra, acordó un pago diferido durante un año. No admite los regalos, pero si los tuvo, fue por su relación con el PP.

Las posiciones de las partes ante el magistrado José Flors

- Fiscalía Anticorrupción. Dos fiscales, las mismas que intervienen en la parte de la causa que se investiga en Madrid, defienden en Valencia la acusación popular. Su pretensión de que declararan ante Flors tres de los imputados de Madrid no ha prosperado. Formalmente, no pretenden ampliar el delito. Pero están atentas a cualquier indicio que dé pie a ir más allá del cohecho.

- Acusación popular. El PSPV-PSOE se personó en la causa después de que declararan los cuatro imputados. Su pretensión de que la información incluida en las diligencias de Madrid en relación con los contratos de Orange Market con la Generalitat se incorpore no ha prosperado. Tampoco ha logrado que declaren seis consejeros autonómicos y seis imputados en la causa de Madrid. El PSPV-PSOE solicita reiteradamente, de momento sin éxito, que se aporte documentación sobre las adjudicaciones y contratos, porque considera que los trajes no son regalos sin intención, sino una práctica perversa que demuestra que compensaban favores recibidos. Los socialistas creen que una investigación más profunda podría desvelar incluso financiación ilegal del PP.

- Ricardo Costa. "Si los inexistentes regalos que se afirman recibidos por el instructor [José Flors] hubieran tenido la finalidad de lograr el agasajo o provocar la complacencia de Ricardo Costa para contar con su gratitud o su favor, dicha finalidad no podía provenir por la condición de diputado a las Cortes Valencianas sino que únicamente tendría sentido por la condición del cargo que ha venido ocupando dentro del Partido Popular". Así lo recoge el recurso de la defensa del secretario general de los populares valencianos. - Víctor Campos. Niega que haya quedado probado que hubo dos encargos y asegura que todo lo que compró se lo pagó a Álvaro Pérez, su amigo, tal como habían quedado con José Tomás.

- Rafael Betoret. Defiende que no es cargo público y que en caso de haber recibido regalos, sería por su vinculación con el PP.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 19 de julio de 2009

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