Getafe quiere ser Suecia

Getafe apunta a un modelo de convivencia escandinavo. Ni prostitutas en las calles ni cánticos a partir de las doce de la noche: el objetivo es eliminar comportamientos que hieran la sensibilidad del ciudadano.

La regulación de la prostitución es el punto más relevante del borrador de ordenanza municipal para la convivencia que el Ayuntamiento ha colgado en su web para que lo estudien los vecinos. La ordenanza considerará falta grave, multada con entre 750 y 1.500 euros, "contribuir a la trata y explotación sexual de personas, ya sea solicitando, negociando o aceptando servicios sexuales retribuidos, así como obligar y/o promover la trata y explotación sexual de personas". Tanto prostitutas como usuarios y proxenetas entran en este saco.

Getafe se pone al nivel de legislaciones como la sueca -en la que se persigue a los usuarios de prostitución, pero no a los prestatarios de servicios-, y, en España, la de Barcelona, Lleida y Zaragoza, que también penan el negocio sexual en la vía pública. Las ordenanzas de estas ciudades han servido de modelo.

La difícil convivencia

Regresa el debate sobre si los ayuntamientos tienen la potestad de regular la prostitución. Hetaira, asociación en defensa de los derechos de las prostitutas, acusa al Consistorio de tratar "cosas que no son de su competencia". El colectivo considera que el texto propuesto "mezcla todo: trata de blancas, explotación y libre ejercicio de la prostitución". Aun así, el recorrido del debate parece corto y la repuesta directa: los ayuntamientos no pueden regular la prostitución de forma absoluta, pero sí en sus calles. Las ambiciones de Getafe se dirigen en este sentido.

"Queremos preservar el espacio público para nuestros vecinos y niños", explica la concejal de Participación Ciudadana, Carmen Duque. "Planteamos la necesidad de admitir que del problema forman parte no sólo las prostitutas, sino también los clientes. Hay mucha mafia". Su objetivo, dicen, es cercar a los proxenetas. Al mismo tiempo, niegan que la prostitución sea un problema. La Policía Municipal rechaza que haya zonas de comercio sexual localizadas. "Antes teníamos en la carretera de Perales del Río y en el Cerro del Ángel", pero ahora están muy controladas, explican fuentes policiales.

El Ayuntamiento prefiere centrarse en otros aspectos del borrador, como su definición de los pisos patera para poder combatir el hacinamiento o su ambición de regular la convivencia de las distintas comunidades de inmigrantes, que constituyen un 15% de sus 164.000 habitantes. "La confluencia de gente de otros países con distintos modelos sociales obliga a replantearse las normas sobre ruido o higiene", explica Duque. Por eso se castigarán como faltas leves (hasta 750 euros, y sustituibles por trabajos comunitarios) ducharse en fuentes ornamentales o escupir en la calle. El proyecto pretende acercarse al modelo escandinavo no sólo en su apuesta por la mediación y los trabajos comunitarios, sino también en su sistema de tramitación. El Ayuntamiento asegura que es el resultado de consultas a asociaciones. El PP se queja de que a ellos no se han dirigido. "Es la primera noticia que tenemos de esta ordenanza", declaraba ayer Carlos González, su portavoz.Las novedades que incluye el borrador de la nueva ordenanza de convivencia no sólo se atienen a la regulación de la prostitución en la vía urbana. El chabolismo vertical cuenta con un apartado propio.

Para que un apartamento se considere habitable, cada inquilino deberá disponer de 10 metros cuadrados habitables. La vivienda tendrá que contar con dormitorio, un salón de estar-comedor-cocina y un baño. Todo ventilado e iluminado, y con una superficie no inferior a 30 metros cuadrados e instalaciones de agua, electricidad y saneamientos. Carmen Duque, concejal de Participación, recuerda que "hasta el momento, los técnicos no contaban con criterios estables para intervenir en casos de explotación a los alquilados". La inspiración ha venido de ordenanzas de otras ciudades, especialmente catalanas (Hospitalet, Lleida...). El objetivo es erradicar los abusos que padecen ciudadanos ilegales sin acceso a una vivienda.

El crecimiento de la comunidad inmigrante (con 27.000 miembros) está en el espíritu del borrador. Las supuestas costumbres de algunos de ellos explican normas aparentemente anacrónicas. Por ejemplo, la mención a abrevar caballerías en fuentes públicas, a dejar en patios animales que puedan perturbar el descanso, o a arrojar basuras a la vía pública. Éstas serán todas faltas leves que se punirán sólo si no funcionan los procesos de mediación. Las graves costarán 3.000 euros, y son mayoritariamente actos de vandalismo o violencia.

Junto a otros aspectos ya clásicos en estas ordenanzas, como la guerra al botellón o la prohibición de los juegos de pelota, algunas propuestas son polémicas. Se trata de normas muy específicas (y que desde el Ayuntamiento se insiste en que, como corresponde a un borrador, son "negociables"). Por ejemplo, la prohibición de tender ropa en ventanas o la obligación de cerrar puertas y ventanas sin hacer ruido.

Especialmente mal recibida ha sido la prohibición explícita de "manifestarse incorrectamente o con insultos hacia la autoridad municipal". El argumento oficial es que ya existen cauces para que el ciudadano exprese su descontento, notablemente los plenos. Carlos González, portavoz local del Partido Popular, se felicita por la prudencia del gobierno municipal y lamenta que el alcalde, Pedro Castro, no se guiara por ella "al llamar tontos de los cojones" a los votantes del PP hace unos meses.