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Análisis:

Casi todos sospechaban, nadie hizo nada

La Hacienda foral guipuzcoana ha vuelto a colocarse ante los focos del escándalo con el desvelamiento del caso Bravo: la denuncia por la Fiscalía de una trama para conceder beneficios fiscales extraordinarios -a costa de la Hacienda estatal- a un grupo empresarial catalán que no tenía porqué obtenerlos, ya que ni siquiera disponía de una oficina en Guipúzcoa. Lo más grave es que la operación se llevó a cabo con la participación esencial de quien fue durante 13 años director de Hacienda de la Diputación y posteriormente senador del PNV, Víctor Bravo. Según lo investigado, éste no sólo otorgó a Glass Costa Este Salou S.L. un estatus tributario que no le correspondía, sino que tres meses antes se había convertido graciosamente en accionista destacado, junto con otro alto cargo de la Diputación, de la empresa beneficiada. Además, para cerrar el círculo, los propietarios principales simularon tener su domicilio fiscal en viviendas de Bravo y su mujer, que en esas fechas era presidenta del Tribunal Económico Administrativo, el órgano que dirime las disputas entre los contribuyentes y la Hacienda foral. Un despacho de asesoría fiscal con buenos contactos e integrado por inspectores y técnicos procedentes de aquélla completan el decorado de un caso con seis imputados, por el momento, y en el que se amontonan presuntos delitos contra la hacienda pública, cohecho, prevaricación y omisión del deber de perseguir delitos.

Es fácil pasar de hacer favores por el país a hacérselos a uno mismo

A la justicia, y a la propia Diputación, corresponde ahora llegar sanear este agujero negro descubierto en un órgano tan sensible y de todos como es la Hacienda, y descubrir si ese trato de favor en los impuestos se aplicó irregularmente en Guipúzcoa a otras empresas, en detrimento de la Agencia Tributaria del Estado. Sin embargo, de este episodio todavía en los preliminares se deducen otras consideraciones extra judiciales. Porque este caso Bravo tiene un antecedente. Todavía está pendiente de juicio el caso del fraude de Irún, protagonizado por su hermano José María, ex responsable de esa delegación de Hacienda y supuesto cabeza de una trama que durante años cobró a contribuyentes morosos deudas fiscales (hasta 8 millones de euros) que nunca se ingresaron en las cuentas de la Diputación. Al parecer, de la indagación sobre este episodio de apropiación grosera de fondos públicos salió el hilo que ha permitido llegar a esta otra célula defraudadora de más altos vuelos.

Una vez que se ha levantado el techo al tinglado, resulta que casi todo el mundo sabía en la capital donostiarra de la existencia de canales de favor para resolver dificultades tributarias, de asesorías y contactos que eran mano de santo en la Hacienda Guipuzcoana y que había cosas que olían mal en su seno durante el tiempo que Víctor Bravo estuvo como director, e incluso después de 2003. Nadie, sin embargo, dijo o hizo nada. La discreción debida en materia de impuestos ofrece una cobertura muy aparente para la discrecionalidad y un enorme poder a sus responsables, que se acrecienta cuando se dispone del respaldo político que se le suponía al ex director de Hacienda.

Pero hay otros factores que han favorecido ambos episodios; y también, en alguna medida, el caso del ex jefe de la Inspección de Hacienda de Vizcaya, Juan Ramón Ibarra, aún no cerrado, que mantenía a 209 destacados contribuyentes blindados a las actuaciones de su propio departamento. Uno es la cobertura con criterios políticos y de confianza personal de puestos de la Administración que van hasta la jefatura de servicio, desplazando de ellos a los funcionarios naturales. Otro es la doctrina del patriotismo fiscal que de la mano del PNV se asentó a partir de los ochenta en las haciendas forales y dio lugar a incentivos y figuras tributarias discutibles, como la aplicada de forma chapucera con la sociedad de la que Bravo es accionista. Una filosofía tributaria, que ha utilizado hasta límites gibraltareños la capacidad normativa que concede el Concierto y se ha fundamentado en la necesidad de contrarrestar los efectos del terrorismo en las empresas vascas y de compensar la falta de atractivo de Euskadi para la inversión foránea.

La cercanía de las haciendas forales al contribuyente ha permitido, sin duda, atenuar el impacto de las crisis sobre las empresas, modulando la presión tributaria en cada momento. Esa eficacia se le ha reconocido al propio Víctor Bravo. Pero esta proximidad puede resulta también muy peligrosa cuando las influencias políticas y las relaciones personales contaminan las estructuras administrativas. Muy especialmente, cuando no existe un servicio de auditoria interna independiente y profesional capaz de detectar y corregir las desviaciones. La historia de las corrupciones muestra lo fácil que es pasar de hacer favores por el país a hacerlos por el partido, por los amigos, por la familia, por uno mismo, o por todos a la vez.

Algo de todo esto hay en el caso Bravo, en los casos Bravo. Una parte de las conductas afloradas tendrán que ser depuradas por la justicia. Sin embargo, hay otras que deben comenzar a ser corregidas desde ahora mismo por parte de las administraciones tributarias vascas, adoptando medidas de fondo para tales episodios no puedan repetirse.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 12 de julio de 2009