Ofensiva del Gobierno para privar a Batasuna de apoyo internacional
El Gobierno ha iniciado, a través de las embajadas, una ofensiva para despojar a la ilegalizada Batasuna y a la banda terrorista ETA de sus apoyos en el extranjero. El Ministerio de Asuntos Exteriores está enviando en los últimos días a todos los embajadores una copia de la sentencia que el pasado 30 de junio dictó el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), con sede en Estrasburgo, en la que se avala la decisión de considerar ilegal la organización abertzale.
El fallo, que respalda la prohibición de Batasuna y asociaciones afines conforme a la Ley de Partidos, de 2002, atribuye la ilegalización a una "necesidad social imperiosa". También señala que el grupo independentista busca "apoyar políticamente la acción de organizaciones terroristas para perturbar el orden constitucional (...) y la paz pública".
Con la difusión de la sentencia, el Gobierno trata de avanzar en su estrategia para romper los lazos que unen a ETA con organizaciones en el extranjero. Especialmente con las que han mostrado alguna simpatía con la banda terrorista en Suráfrica, Irlanda, Bolivia, Venezuela y Colombia.
El plan del Ejecutivo para asfixiar internacionalmente a Batasuna y a sus organizaciones pantalla se ha intensificado aún más desde el 5 de junio de 2007, cuando la banda dio por terminada la tregua, iniciada por ETA un año antes.
En ese período de alto el fuego, 11 eurodiputados llevaron a la Eurocámara las pretensiones de Batasuna respecto al País Vasco, Navarra y el País Vasco francés.
Después de que ETA pusiera fin a la tregua con el atentado en la T-4 de Barajas, los Gobiernos de Bolivia y de Venezuela rechazaron recibir a Askapena [Liberación], la rama "internacionalista" de ETA, así como tramitar la nacionalidad a presuntos etarras.
Actualmente, Askapena está marginada tanto dentro como fuera de la UE, fruto en buena medida de la presión de la diplomacia española.
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