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COLUMNA

Justicia popular

La pregunta se plantea así: ¿es conveniente que un jurado juzgue las muertes de Mari Luz Cortés y Marta del Castillo? Y el defensor de una de las implicadas en el crimen de Sevilla responde oblicua y razonablemente con otra cuestión: "¿Cómo vas a encontrar a nueve ciudadanos que no estén contaminados por todo lo que se ha dicho y escrito sobre el caso?"

Se trata de dos sucesos terribles. Han llenado la prensa, la televisión, la radio, Internet y los teléfonos móviles, porque la crónica negra ha sido siempre un entretenimiento brutal, tradicional y popular, y antiguamente los ciegos recitaban por las ferias y plazas públicas el relato en verso de los crímenes más espeluznantes. Ahora los presuntos autores son vistos por televisión y, desde la primera vez que aparecen en pantalla, merecen la consideración de asesinos monstruosos, condenados automática e inapelablemente por la opinión callejera. Nadie puede poner en duda la representación de los hechos que ofrece el espectáculo televisivo, a no ser que quiera ser acusado de simpatía hacia el crimen. Por radio y televisión todo el mundo habla inmediatamente como si hubiera manejado, verificado y valorado todas las pruebas, una a una, y dispusiera de una visión exacta de lo ocurrido en la oscuridad criminal.

Con apasionada fidelidad al espectáculo del mal los medios de comunicación privados y públicos deciden quiénes son los asesinos antes de que ningún juez dicte sentencia. El procedimiento funciona de un modo bastante lógico: a la noticia del crimen siguen ordenadamente la indignación popular, el aumento de la expectación periodística, la urgencia policiaca de presentar un culpable, y por fin la exposición a la luz del supuesto asesino, que inmediatamente recibe la condena unánime de una opinión escandalizada y avalada con emoción por los líderes recaudadores de votos. La Ley del Tribunal del Jurado establece el derecho y deber de los ciudadanos a participar directamente en la función constitucional de juzgar. Pero ¿hace falta todavía el jurado? ¿No basta con intervenir desde el hogar y el teléfono móvil en la justicia vocinglera televisivo-radiofónica?

Antes de pronunciarse sobre la culpabilidad o inculpabilidad, los miembros del jurado tendrían que examinar las pruebas existentes contra los acusados de la muerte de Mari Luz Cortés y de Marta del Castillo. ¿Hay alguien en Huelva y Sevilla que pueda sentirse independiente de la cadena de opiniones condenatorias que circulan desde hace meses, aun cuando no se conozcan exactamente los hechos, las pruebas, el grado de participación de los implicados en el delito, las posibles circunstancias eximentes, agravantes o atenuantes de la responsabilidad criminal? ¿Hay alguien que, tal como exige la ley, pueda jurar o prometer ante el magistrado-presidente del tribunal desempeñar la función de jurado "con imparcialidad, sin odio ni afecto", estudiando la acusación, valorando las pruebas, y resolviendo en consecuencia si son o no culpables los acusados de los delitos sometidos a juicio?

Será difícil encontrar a alguien así, porque hemos llegado a un punto en el que resultaría sospechoso de impiedad cómplice un ciudadano que no expresara un odio fulminante hacia los hoy supuestos asesinos y tuviera la sangre fría de pedir pruebas, no sólo confesiones, y no diera por indiscutible que los acusados son monstruos merecedores de lo peor. Así que la ocasión es propicia para volver a discutir la utilidad del jurado popular. Y entonces se plantea una nueva pregunta: ¿no están los jueces de carrera sometidos a las mismas limitaciones y presiones que los posibles miembros de un jurado? Habría de ser muy temerario el juez que absolviera por falta de pruebas un caso ya resuelto por el tribunal popular-televisivo. Según lo visto durante estos meses, yo creo que un juez incluso estaría más sometido a presión que un miembro del jurado popular.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 12 de julio de 2009