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La licitación pública cae un 32% pese al Plan E

La drástica caída de la licitación de obra por parte de las administraciones públicas en lo que va de año ha encendido todas las alarmas en el sector de la construcción. Y a tanto ha llegado el desconcierto que Antón Arias Díaz-Eimil, presidente de la Asociación Provincial de Empresarios de la Construcción de A Coruña, solicitó ayer a la Xunta que "aclare de una vez cuánto volumen de obra va a licitar de aquí a que acabe el año, porque son tantos los proyectos que se revisan que no tenemos elementos para evaluar el importe global".

Ni el Plan E del Gobierno, según los datos ofrecidos ayer, ha conseguido amortiguar una caída de la licitación situado en el primer semestre en un 32% global en Galicia. Ésta tiene especial incidencia en las obras de la Administración central, que pasaron de 1.055 millones de euros a 478 millones en un año, con un descenso del 55% en tasa interanual entre enero y junio. El volumen de licitación de los ayuntamientos, grandes receptores de fondos para el plan de reactivación económica, creció en un 183%.

"No sirven los avales"

Para dar cuenta del desajuste, con la inyección de Madrid, los concellos superaron en volumen a la Xunta como motor licitador, que se quedó en 324 millones. La caída en el caso de la Administración gallega ha sido del 42% en este semestre en relación con el mismo período del año pasado. En su conjunto, San Caetano y Gobierno central rebajaron sus licitaciones casi a la mitad este año.

Ante la situación del sector, Díaz-Eimil aseguró que la inversión en obra pública debe formar parte de pactos que vayan más allá de las políticas de un gobierno de turno, "y pase por el Parlamento, sea consensuada y quede al margen de los avatares de cada legislatura". Y añadió, "esperamos que en el último cuatrimestre del año se reactive la licitación por parte de la Xunta".

"Ni los avales públicos sirven ya ante la situación que estamos atravesando, porque encarecen el producto final por la vía de los costes que tenemos que asumir", explicó Díaz-Eimil. "Lo que pedimos son inyecciones directas de capital, no ayudas, y el mejor método es sacar al mercado obra pública", dijo. Díaz-Eimil alertó también del retraso en el pago por parte de las administraciones y de incumplimientos claros en el desembolso de los intereses cuando se rebasan los 60 días establecidos por ley.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 11 de julio de 2009