Una crisis institucional
Ha mentido ante el juez y, como cualquier ciudadano en ese trance, estaba en su derecho de hacerlo para defenderse de la acusación que pesa sobre él. Ha mentido también ante la opinión pública, por no hablar de las Cortes, y eso no es aceptable en quien desempeña el gobierno de una institución. Francisco Camps debió haber desvinculado sus apuros personales de la responsabilidad exigible a su cargo, ya que en política hay límites que no pueden romperse sin poner en entredicho cuestiones fundamentales. Conducido desde el populismo autoafirmativo que tan enérgicamente sostiene la acción del Partido Popular, como era previsible, el caso de la trama de corrupción vinculada a esa formación ha degenerado, en su ramificación valenciana, hacia una alarmanete crisis institucional.
Defenderse a toda costa, prescindiendo de cualquier atisbo de sensatez, sólo puede conducir al desastre cuando esa defensa consiste en imponer una versión falaz de lo ocurrido. Y el auto del juez del Tribunal Superior de Justicia José Flors establece algo que, de repente, dan por bueno, para minimizarlo, algunos dirigentes del PP como la misma Rita Barberá: es decir, que Camps, como Costa, Campos y Betoret, recibió regalos de una trama de corrupción cuya finalidad era "lograr el agasajo y la complacencia" de las autoridades valencianas, según la precisa descripción judicial,
Tras quedar establecido que ha aceptado los trajes pagados por el jefe de Álvaro Pérez en la red de empresas dirigida por el detenido Francisco Correa, el presidente de la Generalitat Valenciana es carne de banquillo, en el que todo indica que se sentará acusado de un cohecho impropio, mientras la fiscalía anticorrupción prepara un recurso para ampliar la imputación a cargos de mayor gravedad. No es extraño que él mismo reconozca que descuenta escalones hacia un juicio cada vez menos incierto, lo que hace más apremiante su dimisión.
De Camps y los otros imputados dice el juez Flors en su resolución: "No existe ninguna causa o razón diferente de la atinente a la condición personal de los receptores de las prendas y a la función pública que los mismos desempeñaban, que permita explicar por qué motivo Álvaro Pérez o las sociedades a las que él mismo estaba vinculado tuvieran que obsequiarles de aquel modo (ni de ningún otro". Sobornar y dejarse sobornar, en un grado de sospecha cada vez más fundada, es una práctica de doble sentido que no admite paliativos en la ética exigible al gobernante, por pintoresca que se considere la transacción. Cualquier político con sentido de la responsabilidad estaría ahora mismo preparando su relevo en el Consell y sopesando el escenario de unas elecciones anticipadas que devolvieran la palabra a los ciudadanos y restituyeran a las instituciones su legitimidad, aunque, inexplicablemente, no considere necesario el adelanto de los comicios el principal líder de la oposición.
No parece ser esa la actitud de Camps, ni de sus compañeros de partido y de Consell, dispuestos a devastar las reglas del juego con la coartada de su reiterada aceptación electoral. La política valenciana no siempre ha sido ejemplar ni se ha caracterizado por sus altos vuelos, pero se vislumbran tremendas escenas de indignidad.
