A la Cañada le quedan 48 horas de vida

Dos días de reflexión. Después de más de cincuenta años de existencia, las construcciones ilegales de la Cañada Real Galiana, una variada serpentina de 14,2 kilómetros y más de 40.000 habitantes, ya tienen fecha de caducidad. Ayer, la mesa especial constituida por el Gobierno regional, la Delegación del Gobierno y los ayuntamientos de Madrid, Rivas, San Fernando y Coslada se reunió por segunda y última vez. Se dieron 48 horas para presentar la ley general definitiva que regulará la vía pecuaria. Un articulado que, en resumen, convertirá un terreno público en uno propiedad de la Comunidad, que, a su vez, dejará a cada consistorio afectado decidir lo que hace con su tramo.

La norma permite la desafección de la Cañada, lo que significa que los terrenos se podrán vender, legalizar, construir, convertir en zona verde... Lo que quieran los ayuntamientos.

La zona pertenecerá a la Comunidad y ésta cederá el suelo a los municipios

El único problema, el desacuerdo que retrasa un par de jornadas el desenlace, es una disposición adicional para que quede fijado en negro sobre blanco que, antes de hacer cualquier cosa, los afectados deben presentar un plan urbanístico y social que contemple qué sucederá con los actuales habitantes. Una petición cuyo sentido último, según fuentes de los asistentes a la reunión, es el de evitar el desorden que supondría un desalojo de esa magnitud en zonas conflictivas. La Delegación del Gobierno y Coslada ha sido, según uno de los presentes, "la parte de la mesa" que ha solicitado ver ese anexo por escrito antes de dar su aprobación.Los ediles de Madrid y de Rivas "se fían de la Comunidad y han aceptado los términos en los que ya está redactada la ley". Uno de ellos reconoce que "debe ser un instrumento jurídicamente vago" el que garantice los realojos u otras soluciones que se den a los moradores de la vía. La Delegación del Gobierno no quiso hacer valoraciones.

"El modelo está cerrado. Nuestras propuestas se han aceptado. El Ayuntamiento de Rivas, el de Madrid y la Comunidad estamos de acuerdo. Tenemos que felicitarnos", explicó ayer la concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid, Pilar Martínez. Precisamente, el Consistorio madrileño presionó para que se incluyera en la disposición segunda de la ley el acuerdo social y urbanístico antes de que los terrenos puedan desafectarse. Y la Comunidad ha aceptado. El Ayuntamiento de Coslada y la Delegación del Gobierno quieren verlo por escrito.

Un portavoz de la Comunidad de Madrid confirmó ayer el principio de acuerdo alcanzado y previó el desenlace final dentro de unas 48 horas o a principios de la semana que viene.

Pero la sustancia de lo discutido, lo más relevante del texto que regulará la zona por ley y que ya está redactado, es que la norma dará a los ayuntamientos "los instrumentos urbanísticos necesarios para solventar el problema específico de cada sector". Y lo hará porque elimina el dominio patrimonial sobre el medieval camino de rebaños, ocupado por viviendas, grandes chalés y chabolas desde finales de los años cincuenta.

Sin embargo, aunque casi todos dan por concluidos los trabajos y consideran que ésta es la norma definitiva, sus resultados no se podrán ver hasta dentro de al menos seis meses. La causa es que para que se cumpla con la obligación que marcará la ley de tener un proyecto urbanístico definido antes de hacer nada, se debe concluir el censo completo de la senda. Una tarea que ya comenzó hace algunos meses en colaboración con los técnicos de los municipios, pero que está lejos de concluir.

La complejidad de la norma también se debe a las diferencias que hay entre los tramos. Desde la zona de Coslada, en la que residen familias completamente normalizadas y hay hasta hoteles y restaurantes, hasta el extremo de Valdemingómez, donde está instalado desde 2006 el mayor supermercado de drogas de España, pasando por los sectores de Vicálvaro o Rivas, principalmente habitados por inmigrantes, sobre todo marroquíes.

Todos ellos tendrán que empezar a buscar soluciones.