El ex senador se ve acorralado
Sin el amparo de su partido, el PNV, Víctor Bravo afronta su cruce más delicado con la Justicia - La sede de su empresa, clave de la investigación
Aquella mañana de lunes, en la Agencia Tributaria del Estado, con la fotocopia del reportaje de EL PAÍS (1-7-2007) sobre la tormentosa evolución social y profesional de Víctor Bravo, uno de sus inspectores reparó con el olfato que se les supone un detalle revelador: había tierra abonada para abrir una investigación. Al menos así lo creyó al detectar que Glass Costa Este Salou, uno de los negocios que la empresa Ekialde 4021, propiedad de Bravo y de su amigo Rufino Eizaguirre, albergaba en su sede social de San Sebastián, no tributaba donde le correspondía. Fue entonces el comienzo de la zozobra para el ex director de la Hacienda guipuzcoana y ex senador del PNV, quien ahora, con las indagaciones por fin en manos de la Fiscalía, ve su futuro personal más comprometido que nunca.
Víctor Bravo no ha podido sacudirse las sospechas con el paso del tiempo
En realidad, Víctor Bravo, un hombre hecho a sí mismo y rodeado dentro y fuera de San Sebastián de amistades influyentes y millonarias, jamás pensó que se vería sacudido por la Justicia. Ni siquiera cuando estalló el escándalo del fraude en la Hacienda de Irún que le involucraba a su hermano José María por haber ingresado en sus cuentas deudas cobradas a morosos y que, a la espera de juicio, ya le han obligado a ingresar dos veces en la prisión de Martutene. Víctor Bravo siempre se ha jactado de que nunca tuvo constancia de estas supuestas irregularidades a pesar de que entonces era el director de la Hacienda guipuzcoana.
Pero la presión de las investigaciones judiciales empezó a ponerle nervioso. A tal punto que sorprendió su libre decisión de replicar con un detallado dossier las acusaciones comprometedoras que el abogado Fernando Argote Pons no se recataba en extender por determinados círculos de San Sebastián y que desvelaban algunas decisiones adoptadas durante su largo mandato como director general de la Hacienda que le llevaron a ser procesado por cohecho y prevaricación, aunque el caso fue sobreseído por la falta de pruebas que permitieran pasar de la sospecha al indicio justificado. Sin embargo, su flanco débil estaba, precisamente, en la sede de su empresa, una dirección imprescindible en la agenda de muchos empresarios, en su mayor parte relacionados con la construcción, y que siempre destacaban la atención profesional que recibían.
Siempre que era preguntado, Víctor Bravo reafirmaba su inocencia y, sobre todo, marcaba distancia con la actitud sguida por su hermano, muy cercado entonces por la investigación fiscal. Fue precisamente la comparecencia de José María Bravo ante la jueza en Irún cuando el ex senador perdió definitivamente los nervios. Trasconocer que su hermano iba a ser conducido a la cárcel, Víctor Bravo se enfrentó a los periodistas, dio una imagen nada controlada sujetando una caja llena de documentos y abrió la puerta a las suspicacias.
Todo se le estaba volviendo en su contra. Ya había puesto su cargo de senador a disposición del partido, varias empresas alojadas en la sede social de su empresa -conocida como Hacienda paralela-empezaban a sospechar de que sus movimientos eran investigados, apenas salía de su lujoso chalet unifamiliar situado a apenas 200 metros del barracón en el que vivió junto a su familia procedente del Jerte cacereño mientras su padre, albañil, ayudaba en más de un turno a levantar el Hospital Donostia.
Ahora, Víctor Bravo, cuando se le avecina el momento crucial de volverse a ver con la Justicia se siente mucho más desamparado. Lo percibó cuando la comisión de investigación de las Juntas Generales de Guipúzcoa le atribuyó la responsabilidad de no haber evitado el desfalco en la Hacienda de Irún y, sobre todo, cuando el PNV no movió un dedo para salir en su defensa.
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