Guardianes del pasado bajo el agua

En los laboratorios hay enormes cajas blancas. Guardan anclas, vasijas y trozos de ánforas. En otros dos grandes barreños el agua custodia dos enormes cañones. Ahora son inofensivos pero abrieron fuego más de 200 años atrás en la batalla de Trafalgar. A través de la ventana se ve la playa de la Caleta. Un mar plagado de piezas del pasado. Los trabajadores del Centro de Arqueología Subacuática de Andalucía (CAS), con sede en el balneario de la Palma, en Cádiz, están acostumbrados a moverse entre vestigios sumergidos de la Historia. Ellos son sus guardianes. Su trabajo ha sido fundamental para que Andalucía pueda presumir de ser pionera en la protección de los yacimientos arqueológicos que permanecen bajo mares, ríos y embalses.

El mayor riesgo no es el expolio, sino los dragados y las edificaciones

El pasado martes el Consejo de Gobierno andaluz hizo oficial la declaración de zonas arqueológicas de 56 yacimientos subacuáticos de las ocho provincias. Es la primera vez que en España se da cobertura a restos arqueológicos bajo el agua. Y eso ha sido posible gracias a la labor del CAS, dependiente de la Dirección de Bienes Culturales de la Consejería de Cultura. "Desde su creación en 1997 el centro ha tenido como meta la preservación del patrimonio subacuático", explica su directora, Carmen García Rivera. Antes había muy poca información. Los trabajadores, ahora 12 en plantilla, han sido los encargados de avanzar en una carta arqueológica de la comunidad, que ha servido de base para la delimitación de los yacimientos que había que proteger. La tradición oral, la labor de historiadores y la acción de los propios investigadores del CAS han llenado de contenido esa carta.

Todos esos datos han servido para delimitar 56 yacimientos en el mar, en los ríos o en los embalses y pantanos. Desde la Prehistoria al siglo XX. Antes estos restos estaban protegidos indirectamente por las declaraciones de impacto ambiental o la ley de Costas pero la declaración de zonas arqueológicas, recogida en la ley de Patrimonio Histórico andaluz, es la primera protección jurídica que recibe el pasado sumergido en España.

No es una medida únicamente enfocada a luchar contra los expoliadores. De hecho, los enemigos más habituales de las piezas arqueológicas bajo el agua son acciones legítimas como dragados, construcciones de puentes o ampliaciones de puertos. "Cualquier trabajo que se quiera hacer en estas zonas necesitará de un permiso específico de Cultura", relata García Rivera. Esta protección se ha complementado con el fomento de las relaciones con los cuerpos de seguridad. También con la exigencia de que cualquier trabajo arqueológico de investigación o rescate de piezas se realice con métodos científicos y personal preparado. Es algo que preocupa especialmente a los profesionales del CAS.

Este tipo de protección está recogido en la convención de la UNESCO y en el Plan Nacional de Arqueología Subacuática. "Muchos nos dicen que nuestro trabajo ha servido de referente", admite García Rivera. La nueva figura jurídica no implica la recuperación de piezas. La línea prioritaria sigue siendo la de conservar bajo el mar para preservar el contexto histórico de los yacimientos. Las extracciones de restos estarán motivadas por riesgo de expolio o por necesidades de la investigación.

La lista de 56 seguirá ampliándose. El centro ya ha hecho inventario de otros 42 yacimientos, que han sido declarados zonas de servidumbre arqueológica, otra figura recogida por la ley de Patrimonio pero que, hasta ahora no se había usado ni en tierra ni bajo el agua.