La guerra interna en Estepona desveló la corrupción municipal

La guerra interna entre los concejales de Estepona (Málaga) fue clave para que afloraran algunos de los delitos investigados en el caso Astapa contra la corrupción, según se desprende del sumario de la investigación. La entrada en el consistorio de un nuevo concejal de Urbanismo, Rafael Duarte, que no estaba dispuesto a tolerar que le salpicaran las irregularidades, sumado al nerviosismo de otros ediles y cargos municipales, que, al igual que en el caso Malaya de Marbella, intuían el ocaso del imperio corrupto, dio material muy interesante a los investigadores.

En diciembre de 2007, Duarte se negó a firmar los presupuestos municipales ya que supuestamente se habían manipulado las previsiones de ingresos por aprovechamientos urbanísticos. Esta negativa le enfrentó a uno de los protagonistas de la trama, el edil de Hacienda Francisco Zamorano, que recurrió para la firma del presupuesto a la directora de Urbanismo, Patricia Rojo, hija del presidente del Senado, Javier Rojo, también imputada en la trama. "Han utilizado a Patricia, ella sabrá, que es mayorcita", afirmó Duarte en una de las escuchas. El sumario recoge dos llamadas de Javier Rojo al ex alcalde Antonio Barrientos. En una de ellas se interesa por el futuro laboral de su hija, y en otra trata de colocar a un técnico de deportes de Vitoria en el Ayuntamiento de Estepona o en el de Benalmádena, que en junio de 2007 pasó a manos del PSOE.

La policía también recoge que el portavoz del Partido Andalucista, Rafael Montesinos, "recibió, al parecer, 200 millones de pesetas del PSOE, a través de la promotora Valle Romano" a cambio de apoyar en junio de 2007 la investidura de Barrientos, pese a que el PA pensaba pactar inicialmente con el PP.