El Gobierno aprueba la cuarta reforma de extranjería en nueve años

Que la inmigración es un fenómeno veloz y cambiante quedó demostrado ayer, cuando el Consejo de Ministros acordó remitir al Parlamento el cuarto proyecto de reforma de la Ley de Extranjería que discutirán las Cortes en el periodo de nueve años. El ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, quien se entrevistó hace tres semanas con los portavoces de todos los grupos parlamentarios para propiciar un consenso en torno al texto, confía en que la norma entre en vigor antes de que termine el año. Pero los grupos parlamentarios ya han anunciado una dura batalla en el Congreso antes de que eso se produzca.

La decisión del Consejo de Ministros fue tomada menos de 24 horas después de que el Consejo de Estado hiciera público un informe de 98 folios sobre el proyecto. A pesar de su extensión, el texto -al que ha tenido acceso este periódico- no contiene ninguna observación de carácter esencial, por lo que el Gobierno entiende que respalda la norma "en cuanto a que ésta se adecua a la Constitución y a las directivas europeas que traspone".

Corbacho cree que la norma entrará en vigor antes de fin de año

El Consejo de Estado es el último de una larga serie de organismos consultados por el Ejecutivo. Entre ellos figuran el Consejo General del Poder Judicial, el Consejo Económico y Social, el Foro para la Integración de los Inmigrantes... Muchas de sus aportaciones -unas coincidentes, contradictorias otras- han sido incorporadas al proyecto.

En el caso del Consejo de Estado, el Gobierno ha tenido en cuenta cuatro objeciones. La primera, referida a que los principios de la política de inmigración se dirijan no sólo al Ejecutivo, sino a todas las Administraciones públicas, incluidas las comunidades autónomas y los ayuntamientos. La segunda, que el derecho al voto en las elecciones municipales, siempre en los términos de reciprocidad previstos por la Constitución, sea establecido mediante tratados internacionales. La tercera, que el texto especifique que los extranjeros mayores de 18 años también tienen derecho a la educación. Y la cuarta, que las víctimas de violencia de género puedan denunciar su situación en lugares alternativos a las comisarías de policía.

El Gobierno ha dejado de lado otras aportaciones. El Consejo de Estado solicitaba, por ejemplo, que el periodo de residencia exigido a los inmigrantes para reagrupar a sus ascendientes (cinco años) fuera limitado a dos años. También pedía que fuera eliminada la suspensión del plazo de internamiento de los sin papeles cuando éstos solicitan asilo o hábeas corpus.

El proyecto, que ha sido elaborado por varios ministerios y coordinado por la Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración, tiene dos caras. La más amable se refiere a la incorporación de varias sentencias del Tribunal Constitucional, que dotan de más derechos a los inmigrantes, y a varias directivas que buscan armonizar la legislación europea. La más adusta amplía el plazo de internamiento de los sin papeles y restringe la reagrupación familiar de los ascendientes de los extranjeros.

Tras la reunión que mantuvo hace tres semanas con los representantes de los grupos parlamentarios, Corbacho manifestó que había observado buena disposición en todos ellos. Sin embargo, los portavoces en el Congreso anunciaron ayer numerosos peros. El PP calificó la reforma de "tímida", CiU reclamó capacidad de intervención para Cataluña, el PNV exigió flexibilizar la reagrupación familiar, CC echó en falta una fórmula para gestionar el traslado de menores a la Península y ERC dijo que el texto deja "muchas cuestiones abiertas".