Debate estéril

En la Constitución no existe el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Por no existir no existe ni siquiera la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA) tal como definitivamente se ha acabado insertando en nuestro ordenamiento, ya que no queda nada claro del tenor literal del artículo 157.3 de la Constitución que la Ley Orgánica que en dicho apartado de la Constitución se menciona tuviera que tener el contenido que la LOFCA ha acabado teniendo. Pero la LOFCA y el Consejo existen y se han convertido en piezas clave de nuestra Constitución territorial, de las que no pueden prescindir los agentes políticos, gobierno y parlamento estatal y gobiernos y parlamentos autonómicos, cuando de definir la financiación del Estado autonómico, esto es, tanto del Estado como de las comunidades autónomas, se trata.

Esto lo sabe el presidente del Gobierno, el presidente de la Generalitat, el presidente de la Junta de Andalucía, el presidente de la Xunta de Galicia, así como cualquier ciudadano razonablemente informado. El presidente del Gobierno no puede, ni en solitario ni mediante una relación bilateral con un presidente de una comunidad autónoma, definir la financiación del Estado autonómico. No hay pacto que pueda ser cerrado entre ambos. El único pacto que es posible es el pacto multilateral, que, eso sí, no tiene por qué cerrarse por unanimidad, sino que puede cerrarse por mayoría. Pero tiene que ser un pacto multilateral y en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Dicho pacto es el que posteriormente las Cortes Generales tienen que hacer suyo mediante la reforma de la LOFCA.

Justamente por eso, no se entiende que llevemos varias semanas con declaraciones públicas del presidente del Gobierno, del de la Generalitat, del de la Junta de Andalucía y del de la Xunta sobre si el nuevo modelo de financiación va a ser aceptable para ellos o no, como si de un problema bilateral se tratara. El proyecto del modelo de financiación del Estado autonómico tendrá que ser presentado por el Gobierno de la Nación ante el Consejo y, tras el debate correspondiente, tendrá que ser bien aprobado en los mismos términos en que ha sido remitido, bien aprobado con las modificaciones que resulten de las enmiendas que sean presentadas y resulten aprobadas o bien rechazado. Nada de lo que se diga fuera del Consejo va a tener la más mínima relevancia, porque dada su composición resulta inimaginable que no sea sino en la confrontación en el interior del Consejo como pueda definirse la financiación del Estado y de las comunidades autónomas.

El debate al que estamos asistiendo es completamente estéril. Me imagino que, a estas alturas del guión, la vicepresidenta económica y los distintos consejeros de economía de las comunidades autónomas han contemplado ya todas las posibilidades y tienen fijados los límites de lo que entenderían que sería aceptable o inaceptable, tanto en términos absolutos como relativos. Todos, además, más o menos saben lo que es aceptable o inaceptable para los demás. Entre esos límites hay que moverse para intentar llegar a un acuerdo. Así se ha hecho en el pasado y así se va a seguir haciendo en la próxima reunión del Consejo. Ni el presidente del Gobierno ni nadie puede impedir que así vaya a suceder.

Por eso no se entiende la catarata de declaraciones sobre la financiación autonómica que se han producido y se siguen produciendo. No alcanzo a ver qué beneficio piensan que pueden obtener quienes están haciendo esas declaraciones. Mi impresión es que están tirando piedras contra el tejado común, lo que al final viene a ser lo mismo que tirar piedras contra el propio tejado.