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Entrevista:

"Las comunidades deben aceptar las indicaciones del Banco de España"

La puesta en marcha del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) consume ahora las energías de la vicepresidenta. Elena Salgado explica que el FROB no sólo inyectará capital (con cuotas participativas o acciones) en el rescate de cajas y bancos con graves dificultades, sino que también servirá para recapitalizar, con la adquisición de participaciones preferentes, entidades que acuerdan fusionarse y demandan fondos públicos. La vicepresidenta señala que las comunidades mantendrán intactas sus competencias, pero que, cuando una entidad sea intervenida, deberán aceptar las indicaciones del Banco de España. Esta semana, Salgado dio a entender que se suspendería el derecho de veto autonómico en el caso de fusiones entre cajas que reciban ayudas. Pero el presidente de la Junta de Andalucía aseguró después que Zapatero le ha dado garantías de que eso no será así.

"Con las cajas no espero actuaciones irracionales de las autonomías"

"Las entidades están siendo demasiado prudentes con el crédito"

Pregunta. ¿Se siente desautorizada por el presidente?

Respuesta. No.

P. ¿Y cómo explica esa contradicción?

R. Primero, no hablé de derecho de veto. Dije que cuando se aplica la Ley de Disciplina, en el ámbito de la intervención, la gestión del proceso corresponde al Banco de España.

P. Pero Estatutos como el de Andalucía o el de Cataluña les otorgan competencias exclusivas en materia de fusiones.

R. Me parece muy bien, pero no creo que eso elimine las competencias del Banco de España. Es fácil de entender. Primer proceso, fusiones en el ámbito privado: las comunidades tienen todos sus poderes y deciden si una fusión les parece bien o mal. Segunda posibilidad: la misma fusión con intervención del Fondo de Garantía de Depósitos, que decidirá si aporta dinero para facilitarla. Aquí también si las comunidades quieren vetarlo, lo vetarán, y si lo quieren autorizar lo autorizarán, sea con otra caja de dentro o de fuera. Tercera posibilidad: que se demande el uso de fondos públicos. En ese caso, si hay una entidad con graves dificultades, el Banco de España remueve a los administradores y es el Fondo el que pasa a gestionar el banco o caja. Y no es que los poderes de las comunidades queden suspendidos, también los del Ministerio de Economía, que tiene las competencias de autorizar fusiones entre bancos. El Banco de España asume la gestión, inyecta capital y diseña un plan para esa entidad en situación crítica. Si es una fusión, pedirá el informe de las comunidades o el del Ministerio pero es él quien dirige el proceso.

P. Dirige el proceso, pero si por ley se requiere una autorización para la fusión...

R. La Ley de Disciplina e Intervención del Banco de España también es una ley.

P. Pero no suprime las competencias de las comunidades sobre fusiones en caso de intervención.

R. Ya no es cuestión de tener o no tener competencias. Es cuestión de una entidad que necesita una reestructuración profunda, que puede ser una fusión con otra entidad necesariamente. O una venta de sus activos, en la que la entidad como tal desaparece, se trocea y se enajenan sus activos, en cuyo caso no hay entidad sobre la que ejercer un veto.

P. La venta de activos permitiría sortear un posible veto...

R. Ese supuesto normalmente no tiene que llegar. Pero, ¿es que hubiera sido razonable que la Junta de Castilla-La Mancha hubiera bloqueado la intervención de Caja Castilla La Mancha?

P. La intervención, no, pero para una fusión posterior...

R. Se pediría informe.

P. ¿Y no sería vinculante?

R. Entendemos que no. Pero a veces nos empeñamos en plantear cuestiones que no se van a dar nunca en la práctica. Supongamos que el Banco de España dice que la única solución para esa entidad es fusionarse y que la comunidad lo veta. ¿Y qué hace al día siguiente de haber vetado? Son supuestos que no tienen mucho sentido. Cuestión distinta será si hay otra caja de la misma comunidad que se puede hacer cargo de esos activos, que la comunidad dé su opinión o que se pueda trocear, pero si el Banco de España dice que la única solución es esa, no hay por qué suponer un comportamiento irracional de las comunidades. Tienen todos sus poderes absolutamente respetados cuando no hay problemas graves y razonablemente deben aceptar las indicaciones del Banco de España cuando los hay.

P. ¿Y si es una fusión de entidades que no están en situación crítica con apoyo del nuevo fondo?

R. Puede que haya dos entidades que deseen fusionarse sin estar en crisis, pero el Fondo de Garantía de Depósitos no pueda aportar recursos. En ese caso, podrán solicitar ayuda al FROB para recapitalizarse, siempre en el marco de un proceso de reestructuración. Y para ello deberán contar con todos los permisos, incluidos los de las comunidades. El FROB les daría un refuerzo de capital transitorio, con un dinero prestado a un plazo limitado y con una retribución adecuada en forma de participaciones o acciones preferentes sin derechos políticos. Si no se devuelve, se convertirían en cuotas participativas con derechos políticos en el caso de las cajas o en acciones en el caso de los bancos.

P. ¿No hubiera sido deseable tener el acuerdo de los dos grandes partidos en esta materia?

R. Confío en llegar a un consenso amplio.

P. ¿Qué opinión le merece la guerra de poder en Caja Madrid?

R. No sé si es una guerra de poder o no, pero sería deseable que Caja Madrid tuviera mayor estabilidad. Es una entidad muy importante en el sistema financiero español.

P. ¿Eso pasa por mantener o por cambiar el presidente?

R. Desde el Ministerio ni ponemos ni quitamos presidentes. La nueva ley ha asumido los planteamientos del Gobierno, que planteó un recurso de inconstitucionalidad, y ahora debe decidir quien tenga que decidir.

P. La morosidad crece y seguirá creciendo en 2010, ¿será más difícil aún el acceso al crédito?

R. La situación del crédito está mejorando algo, aunque aún no es la que desearíamos, desde luego. Las entidades financieras están siendo demasiado prudentes. Les hemos facilitado liquidez, con el fondo de adquisición de activos financieros, también avalando emisiones de deuda. Pero lo que no puede hacer el Gobierno es evaluar el riesgo de cada operación concreta, o decirles que den tal o cual crédito. Lo que hace falta ahora es que esa liquidez se traduzca en más crédito a las familias y las empresas.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 21 de junio de 2009