El PGOU de Marbella vuelve a distanciar a Junta y Ayuntamiento

El trayecto de la mano que hasta ahora han recorrido la Junta y el Ayuntamiento de Marbella en la elaboración del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la ciudad parece haber llegado a su fin. La alcaldesa, Ángeles Muñoz (PP), no está dispuesta a que ni una sola de las 18.000 viviendas ilegales que autorizaron los gobiernos del Grupo Independiente Liberal (GIL) quede fuera de ordenación, y por tanto expuestas a que los jueces decidan su demolición. Y el equipo redactor, avalado por la Junta, por más que ha ajustado el sistema de normalización diseñado para recomponer el caos jurídico, mantiene que como irremediable dejar excluidas 500 casas que son incompatibles con el plan, todas en el frente litoral.

La ruptura entre la Junta y el Ayuntamiento estaba anunciada y es que en el fondo de la cuestión no ha cambiado nada. La alcaldesa de Marbella siempre discrepó del modelo de normalización propuesto por el equipo redactor del plan, que dirige el urbanista Manuel González Fustegueras, y de hecho el PP ya presentó alegaciones contra él en el documento de avance en julio de 2005, cuando aún gobernaba Marisol Yagüe.

Ahora lo que ocurre es que se acaba el tiempo para que la alcaldesa introduzca los cambios que quiere y que ya ha dicho que va a hacer. El consistorio ya ha recibido del equipo redactor el documento con las alegaciones incorporadas que ahora debe aprobar provisionalmente para remitirlo a la Junta, que es quien debe aprobarlo definitivamente.

El grueso de la redacción del PGOU se hizo durante los 15 meses que la Junta tuvo retiradas las competencias urbanísticas a Marbella. A los pocos días de tomar posesión, Ángeles Muñoz recibió la devolución de competencias y el documento del PGOU. Tamaña era la complejidad del problema urbanístico de la ciudad y urgente su resolución, que optó por darle la aprobación inicial sin tocar el documento, y aparcar para más adelante los elementos con los que discrepaba. Marbella jugaba entonces con la ventaja de tener un plan bendecido por la autoridad a la que compete su aprobación definitiva, el consejero de Vivienda y Ordenación del Territorio.

Tras la aprobación inicial, en la que quedaban fuera de ordenación 700 viviendas, se abrió un proceso de información pública al que se presentaron 8.532 alegaciones, la inmensa mayoría por el sistema de normalización, que establece para la legalización de 17.500 viviendas una serie de compensaciones en suelo para compensar la pérdida de equipamientos y suelo libre.

El equipo de gobierno aprovechó el momento para modificar algunos contenidos del plan. Se cambiaron las compensaciones a las viviendas a legalizar, aunque la suma total del suelo a percibir apenas variaba, se incluyeron otras 200 entre las legalizables, pero el equipo redactor, siempre con el respaldo de la Junta mantuvo el modelo de la normalización mediante compensaciones.

Una vez realizada la aprobación provisional, en julio de 2008, la alcaldesa decidió volver a sacar el documento a información pública. Ahora se han vuelto a presentar 8.532 alegaciones, aunque muy concentradas en determinados asuntos.

Desde el equipo de gobierno se explica que la alcaldesa no quiere romper el consenso con la Junta, de la que ya tiene garantías de que si el consistorio aprueba el documento como está no tendrá ningún problema en recibir el visto bueno definitivo en breve plazo. Pero se enfatiza que Muñoz tiene un compromiso "muy fuerte" con los propietarios de las viviendas, a los que desde la campaña electoral ha prometido que no se derribarán sus viviendas.

El equipo de gobierno quiere llevar el plan a la segunda aprobación definitiva en julio. Pero si opta por no dejar fuera de ordenación ninguna vivienda y modificar el documento entregado por el equipo redactor, tendrá que definir un sistema de compensaciones y cuantificarlas, lo que supone una tarea de cierta complejidad.

Además, si altera el sistema de normalización, que es uno de los pilares del modelo, se consideraría una modificación sustancial del plan, lo que obligaría a volver a abrir un periodo de información pública, que sería el tercero desde la aprobación inicial, lo que ocasionaría un nuevo retraso.