Oltra reclama luz sobre las denuncias en torno al Servef

Mònica Oltra, portavoz de Compromís, registró ayer una solicitud de comparecencia de la secretaria general del Servicio Valenciano de Empleo y Formación (Servef), Pilar Máñez, ante la Comisión de Economía para que "explique el alcance de sus investigaciones sobre la denuncia de un empresario que afirma que se han pagado comisiones a cambio de la concesión de cursos para desempleados". "Si los hechos que se relatan en la denuncia son ciertos" (ver EL PAÍS del 14 de junio), comentó Oltra, "serían delictivos puesto que aseguran que entre los años 1998 y 2002, un funcionario de la Consejería de Economía recaudó, en nombre del PP, el 15% del importe de los cursos para desempleados adjudicados por la Generalitat".

La denuncia se ha formalizado ante el Servef y la Agencia Tributaria de Valencia y cifra en tres millones de euros las comisiones pagadas por ser adjudicatario de cursos de formación de parados.

Máñez se comprometió a investigar la denuncia a principios de año. La Consejería de Economía y Empleo evitó ayer cualquier comentario al respecto.

Máñez fue directora general de Calidad Ambiental y es una de las imputadas por un presunto delito de tráfico de influencias ante el Juzgado de Nules que instruye las diligencias del llamado caso Fabra. La actual secretaria general del Servef fue citada para aclarar si hizo alguna gestión para autorizar los productos fitosanitarios que fabricaba Vicente Vilar, el empresario que acusó al presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, de cobrarle a cambio de favores políticos.

Oltra reclamó a Máñez que aclare "en qué punto se encuentra la investigación" sobre las adjudicaciones de cursos de formación. "Estamos ante una denuncia gravísima sobre la financiación ilegal del partido político que sustenta el actual Gobierno autonómico", aseveró.

El DOCV publicó, precisamente ayer, una orden de convocatoria de subvenciones para "acciones de apoyo y acompañamiento de la formación profesional" por un total de 2,3 millones de euros. La orden establece como subvencionables acciones de "prospección y análisis" del mercado de trabajo y las de "orientación y asesoramiento" en materia de formación. Según el texto publicado ayer en el DOCV, las ayudas no vulneran acuerdos sobre libre competencia de la Unión Europea y, por lo tanto, "no es obligatorio notificarlas a la Comisión Europea".