"La fosa de Lorca se podría abrir por vía administrativa"

Jesús García Calderón (Badajoz, 1959) es, además de fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, un experto en legislación protectora del patrimonio histórico. Respeta la postura del fiscal, que recurrió la decisión de la juez de Granada que no asumió la competencia de la exhumación de la fosa de Federico García Lorca, pero opina que debería ser considerado "un yacimiento arqueológico", lo que permitiría su apertura sin permiso judicial.

Pregunta. ¿Existe algún impedimento para solicitar por vía administrativa la apertura de la fosa en la que supuestamente está enterrado García Lorca?

Respuesta. Ninguno. Primero, por el derecho de los familiares a la exhumación de las fosas, como establece la Ley de Memoria, y, en segundo lugar, porque la Ley de Patrimonio Histórico establece que el yacimiento arqueológico es aquel susceptible de ser analizado con metodología científica.

"Las fosas tendrían que ser consideradas como yacimientos arqueológicos"

P. ¿Qué avala esa opción?

R. La identificación de los cuerpos, si se puede, las circunstancias de la muerte y que el yacimiento arqueológico desarrolle su labor primordial: dar información científica. Una fosa común no es sólo un yacimiento arqueológico, es mucho más, pero considerarlo así es una simplificación, quizá necesaria, para recuperar una memoria con la que hemos perdido el contacto informativo.

P. ¿Hay que conjugar la Ley de Patrimonio con la de Memoria?

R. Así es, permitiría que puedan ser abiertas las fosas. Aporta más garantías y da la dimensión correcta de estas fosas, que son lugares históricos que nos aportan un conocimiento, el de nuestra historia, y permiten satisfacer adecuadamente los intereses de las víctimas. De ahí que se hable en ocasiones de arqueología de las víctimas. No es sólo la arqueología una ciencia auxiliar de la historia, tiene también un concepto jurídico y puede rendir un servicio a la sociedad, resolviendo el problema de la memoria histórica con la tutela judicial necesaria.

P. ¿Se ha hecho así en otros países?

R. La arqueología de las víctimas está presente en muchos países europeos, como Alemania, y debe arraigar en España.

P. ¿Simplificaría el proceso?

R. Sí, y conseguiría algo fundamental, que es la aplicación uniforme de la ley. Carece completamente de sentido que, ante un hecho que compete a toda la sociedad española, se mantengan posiciones completamente distintas.

P. ¿No habría así ningún obstáculo para exhumar los restos del banderillero Francisco Galadí y el maestro Dióscoro Galindo, enterrados con Lorca?

R. Bastaría con que pidieran autorización al dueño del terreno y la prospección se hiciera con todas las garantías, tutelada por la Consejería de Cultura. Sólo habría que dar cuenta de los hallazgos a la autoridad competente, incluida la judicial. El valor que puede haber en esta fosa no cabe duda que sería inmaterial y pertenece a la sociedad. Ello no es óbice para que los familiares exijan unos derechos, pero la información que contienen es de toda la sociedad.

P. ¿Se protegería de otros posibles daños?

R. Garantizaría todo el proceso, porque lo dotaría de la suficiente tutela administrativa, judicial y científica. También podría ser conveniente la declaración de algunos espacios como Bien de Interés Cultural para preservar esa memoria. Otros países han optado por ello. La idea fundamental en la recuperación de la memoria histórica es la de la coordinación institucional y entre departamentos culturales, administrativos, judiciales y gubernativos. Y es perfectamente posible.