El Gobierno incluye a los amenazados por terrorismo en la Ley de Víctimas

Las personas a las que las amenazas del terrorismo impidan o dificulten gravemente su actividad laboral serán indemnizadas por el Estado. También serán reconocidos como víctimas del terrorismo e indemnizados con carácter retroactivo los españoles que hayan sufrido atentados en el extranjero por una banda terrorista, aunque no sea española ni el objetivo de los atacantes fueran intereses españoles. Asimismo, las víctimas de retenciones de una banda terrorista, aunque el objetivo de la retención no fuera la petición de rescate, serán resarcidas.

Éstas son las principales novedades que presenta el borrador del anteproyecto de Ley de Víctimas del Terrorismo, una vez que el Ministerio del Interior ha cerrado la ronda de conversaciones que desde octubre ha mantenido con todas las asociaciones de víctimas del terrorismo.

Interior pretende que la reforma salga adelante antes de fin de año

El anteproyecto, cuyo objetivo es ampliar los derechos de las víctimas, enfila ahora el debate político con el objetivo de lograr un amplio consenso y poder aprobarlo en este período de sesiones parlamentarias o, a lo más tardar, en el siguiente. Las incorporaciones que Interior ha hecho al texto, a sugerencia de las asociaciones de víctimas, allana el camino.

El anteproyecto de ley tiene carácter integral. Refundirá la legislación existente y dispersa sobre el reconocimiento de los derechos de las víctimas -dos leyes, una de 1996 y otra de 1999; varios reglamentos, decretos...- y esos nuevos derechos tendrán carácter retroactivo.

El derecho a la indemnización para las personas que acrediten que su condición de amenazadas les impide desarrollar su actividad laboral es una de las principales novedades del texto. Interior ya ha experimentado esta fórmula con dos ex concejales vascos, uno del PP y otro del PSE. Ambos perdieron su trabajo por su condición de víctimas de ETA e Interior se responsabilizó de compensarles con una indemnización mientras les tramita un nuevo empleo en una localidad diferente de la que habitan.

Esta medida es el resultado de una moción aprobada en el Congreso de los Diputados en junio del año pasado, a propuesta de Unión, Progreso y Democracia. Presentada como un reconocimiento simbólico a los amenazados por el terrorismo, ofrecerá, también, fórmulas de apoyo para los casos más extremos.

Otra medida novedosa del anteproyecto, que ha pasado el filtro de las asociaciones de víctimas, es la extensión de la indemnización, con carácter retroactivo, a las víctimas españolas de atentados producidos en el exterior, en el que la banda terrorista es extranjera y sus objetivos no fueran intereses españoles. Es el caso de los turistas españoles asesinados en el Yemen, en junio de 2007 por una banda de Al Qaeda. O los turistas españoles asesinados en Egipto y la española asesinada en las Torres Gemelas de Nueva York, que, con la legalidad vigente, no tienen derecho a indemnización del Estado español.

El anteproyecto abre, también, el derecho a indemnización a las personas retenidas por una banda terrorista, aunque su objetivo no sea la petición de rescate. Es el caso de numerosos automovilistas a los que ETA retuvo durante horas, o incluso días, mientras hacía uso de su vehículo para atentados o secuestros. Interior pretende aplicarles, con derecho retroactivo, el artículo 25 de la Ley de Solidaridad de Víctimas del Terrorismo, que fija 12.000 euros de indemnización para casos de secuestro y 200 euros por cada día de duración.

El ministerio se compromete en el nuevo texto a mantener una actitud proactiva en la defensa de los intereses de las víctimas. Así, la concesión de condecoraciones a las víctimas del terrorismo se hará de oficio sin que los heridos o los familiares de los fallecidos tengan que solicitarlas, como exige la vigente Ley de Solidaridad de Víctimas del Terrorismo.

Otro problema que pretende salvar el anteproyecto es la brecha abierta entre las víctimas que perciben cantidades muy superiores a otras, simplemente porque en unos casos existe una sentencia judicial y en otros, no. O porque los jueces han fijado indemnizaciones muy distintas ante hechos similares. Aproximadamente en el 40% de casos con víctimas mortales de ETA no se ha celebrado juicio.

Este problema se ha hecho acuciante desde la sentencia del 11-M, en la que el presidente del tribunal, Javier Gómez Bermúdez, estableció una indemnización de 900.000 euros por fallecimiento cuando la Ley de Solidaridad de Víctimas lo fija en 250.000 euros.

El anteproyecto de ley contempla también, la cobertura de lagunas legales que existen sobre la protección de la dignidad de las víctimas frente a las ofensas de los condenados por terrorismo y de los grupos que les apoyan. Interior no quiere limitarse a resolver el problema de las calles con nombres de terroristas o el debate sobre el alejamiento de los asesinos de las víctimas.

La casuística será muy amplia y se pretende evitar que se sigan produciendo los hechos luctuosos que vienen padeciendo desde hace tiempo los familiares de las víctimas, como insultos o gestos despectivos en los juicios de etarras. El nuevo texto pretende garantizar la protección de la dignidad de las víctimas o de sus familiares en los juicios de etarras y garantizará que los asesinos paguen las indemnizaciones a las que son condenados.