Rajoy entra en compás de espera

La semana del mayor éxito de Mariano Rajoy en los últimos meses, la victoria holgada en las elecciones europeas, acabó con un muy mal trago para el líder del Partido Popular. Aunque el partido se empeña en transmitir tranquilidad, en actuar como si los avances judiciales del caso Gürtel no existieran, en privado todos los dirigentes reconocen que tener al borde de la imputación por cohecho y fraude fiscal al senador y tesorero nacional, Luis Bárcenas, el hombre que controla todo el dinero del PP, y que ha sido gerente durante casi 20 años, es un problema "muy grave".

No lo es desde el punto de vista electoral -la dirección está muy tranquila al ver el gran resultado de las elecciones europeas en la Comunidad Valenciana-, sino interno. "Esto es algo de lo que se entera un 10% de los ciudadanos, los que siguen la política muy de cerca. La opinión pública y la publicada aquí son muy distintas. Las elecciones europeas demuestran que el caso Gürtel no tiene ningún efecto electoral, o incluso que es positivo porque une a la militancia popular. El problema es de gestión política, Rajoy tendrá que resolverlo por una cuestión de imagen no ya pública, sino interna", analiza un miembro de la dirección.

El partido está tranquilo tras ver que el caso no tiene efectos electorales

La mayoría de los dirigentes consultados cree que Bárcenas debería haber dimitido hace tiempo, cuando el juez Baltasar Garzón redactó un auto demoledor en el que le atribuía haber cobrado 1,3 millones de euros en sobornos de la red de Francisco Correa. El cabecilla de la trama era amigo de Bárcenas, según recuerdan varios dirigentes. Pero el tesorero traslada a todo el que quiere escucharle que es inocente y no piensa dimitir. Desde ese auto se han publicado noticias comprometedoras para él, como los detalles de su patrimonio de más de tres millones de euros, algo que ha sentado muy mal a otras personas que han hecho el mismo recorrido que él: un funcionario del partido con un buen sueldo y teóricamente poco más.

También se ha publicado que Hacienda investigó un sospechoso ingreso de 330.000 euros en billetes de 500 euros que Bárcenas hizo en 2003, en la época en la que aparecían pagos similares a L. B. en la contabilidad B de Francisco Correa. El tesorero asegura y prueba con documentos bancarios que pidió un crédito para comprar un cuadro y que reingresó el dinero al frustrarse la operación.

Rajoy, que apenas ofrece ruedas de prensa y por tanto no puede ser preguntado por este asunto, ha colocado a su partido en el papel de víctima de unos fiscales, periodistas y jueces que le acosan, a los que llama "Torquemadas del siglo XXI".

El líder está sobre todo tranquilo porque el caso no ha derivado, como se temía al principio, en una investigación de financiación irregular del PP. Ante cada novedad judicial, el líder habla con los implicados y les traslada, según fuentes de Génova, que deben estar tranquilos mientras no haya una imputación formal. Es lo que hizo el viernes, cuando quedó claro que el juez del Tribunal Superior de Justicia de Madrid Antonio Pedreira va a enviar el caso al Tribunal Supremo al encontrar indicios de cohecho y delito fiscal contra Bárcenas y el diputado Jesús Merino, miembro de la dirección del grupo parlamentario y próximo a Soraya Sáenz de Santamaría.

Rajoy, aseguran en su entorno, no hará nada hasta que el Supremo dé el paso de imputar a Bárcenas. Sólo entonces decidirá si lo echa o no. "Saldrá de él, dimitirá si llega ese momento", sentencian varios dirigentes que conocen bien al tesorero, y que aseguran que pese a su apariencia exterior de tranquilidad, está sometido a una gran presión.

El problema, explican, no es sólo Luis Bárcenas. El problema se llama Francisco Camps. Una vez más, el doble rasero. Si el tesorero fuera destituido -aunque se vendería como una dimisión- por estar imputado, ¿cómo se explicaría que Camps no haya asumido ninguna responsabilidad por su imputación en el mismo caso?, se preguntan algunos dirigentes, aunque todos asumen que las acusaciones contra el tesorero son mucho más graves -1,3 millones de euros frente a 24.000 en trajes regalados-.

La dimisión de Bárcenas si llega a ser imputado tendría otra consecuencia. Si dejara el acta de senador, y con él dimitiera también Jesús Merino -el otro aforado nacional, Gerardo Galeote, está a punto de dejar de ser eurodiputado-, el Supremo dejaría de tener competencia sobre el asunto, que volvería al Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Los populares consideran a este último un tribunal más favorable a sus intereses, y Bárcenas, si no dimite, estaría arrastrando a todos los imputados del PP, también los ex alcaldes y el ex consejero madrileño, al Supremo.

Otro motivo más para forzar la caída del tesorero, que ya casi todos en el PP asumen, pero que Rajoy insiste en retrasar hasta el último minuto por si ocurre algo -que el Supremo no vea suficientes esos indicios y no impute, por ejemplo- que haga que el problema se resuelva solo, la fórmula preferida, y muchas veces exitosa, del líder para seguir adelante sin asumir demasiados riesgos.