La crisis fuerza a los promotores a parar 5.000 viviendas proyectadas

El parón inmobiliario tiene su reflejo más fidedigno en la actividad de las comisiones territoriales de Urbanismo de las tres provincias de la Comunidad Valenciana. En los cincos primeros meses de este año, estos organismos han dictado la caducidad de 45 expedientes de otros tantos planes urbanísticos, según datos oficiales facilitados por la Consejería de Urbanismo, Agua y Medio Ambiente. En muchos casos, los acuerdos se han adoptado a petición de los propios promotores, que prefieren aparcar los proyectos ante la atonía del sector de la construcción. De esta forma, los empresarios, además, recuperan los avales depositados y también evitan que corran los plazos (proyectos de urbanización y reparcelación) una vez que el Consell da luz verde definitiva a los programas urbanísticos.

La excepción a esta ralentización en la tramitación de PAI es el plan Rabassa. La macrourbanización -13.500 casas- proyectada en la periferia norte de Alicante acaba de recibir el visto bueno definitivo del Consell.

La provincia de Alicante acapara la mayoría de los expedientes de caducidad adoptados por las comisiones territoriales de urbanismo, en concreto 28 de los 45. Y, también, es en este ámbito donde

los expedientes de caducidad se han dictado a propuesta de los empresarios. Los programas paralizados preveían la construcción de 5.242 nuevas casas.

En Castellón y Valencia el volumen de expedientes frenados es menor. En el caso de Castellón, han sido nueve las iniciativas urbanísticas paralizadas. La mayoría de esos proyectos están relacionados con modificaciones puntuales de normas subsidiarias o planeamientos urbanísticos impulsadas por los municipios. La Comisión Territorial de Urbanismo de Valencia ha dictado la caducidad de ocho expedientes también vinculados a modificaciones de planes generales.Aparte del parón del sector inmobiliario, la segunda razón, y no menos importante, que lleva a los promotores a solicitar la caducidad de expedientes de PAI en fase de tramitación es la crisis financiera y, en paralelo, las dificultades para obtener nuevos préstamos hipotecarios. Esta situación se agravó a finales de 2008, fecha en la que, según fuentes del sector de la construcción de Alicante, se produjo el primer aluvión de peticiones de caducidad de PAI por parte de los constructores ante la Comisión Territorial de Urbanismo de Alicante.

Con la paralización administrativa de los programas, los empresarios se aseguran también el reembolso de los avales que tienen que solicitar al inicio de los expedientes. Estas cantidades (el 2% de presupuesto global del PAI) no son baladíes en períodos de estrecheces financieras como los actuales, remarcan las mencionadas fuentes empresariales. Los promotores de la provincia de Alicante fueron los primeros en reaccionar ante ese adverso panorama financiero y comenzaron a cursar las peticiones de caducidad.

Uno de los programas urbanísticos más relevantes sobre los que la Comisión Territorial de Urbanismo de Alicante ha dictado su caducidad es la homologación y Plan Parcial del Sector Tierras Nuevas. Este PAI, proyectado en el prelitoral de la localidad de Orihuela, prevía la construcción de 1.650 nuevas viviendas. Otras dos iniciativas de relevancia también congeladas han sido el programa Monteverd, en el término de L'Atzúvia, con 719 casas y el plan parcial del sector de la finca de La Marquesa, en el término de Hondón de las Nieves, con un total de 477 viviendas.

Al frenazo de estos programas urbanísticos en fase de tramitación se suma el ritmo lento del desarrollo de los ya aprobados definitivamente por parte del Consell. En la provincia de Alicante, los ejemplos más significativos de esta realidad del sector de la construcción son los PAI de la Serreta, en el término de La Nucia, y de los Puentes de Algar, en el término de Altea. Entre ambos suman más de 10.000 casas y dos nuevos campos de golf.