La reforma de los colegios profesionales complica la tramitación

La ley ómnibus, en su esfuerzo por subsanar las incompatibilidades entre la Directiva europea de Servicios y la legislación española, es, por fuerza, una amplia y heterogénea ristra de artículos. Y, por eso mismo, es un terreno de juego ideal para los dimes y diretes parlamentarios, necesitado como está el grupo socialista de otros apoyos en el Congreso para sacar adelante sus iniciativas. La reforma de los colegios profesionales complicará sobremanera las negociaciones.

El anticuado marco legislativo que rige varias de estas corporaciones de derecho público, en las que están colegiados un millón de profesionales, choca con las directrices de la directiva europea. La armonización no será fácil, y el Gobierno ya ha recibido un aviso del Congreso. La ley ómnibus pretende eliminar las restricciones impuestas por los colegios al ejercicio simultáneo de varias profesiones. El caso más notorio es el de los procuradores, cuyos estatutos impiden que su actividad sea ejercida por abogados. Y ahora están a punto de blindar esa incompatibilidad con rango de ley al lograr el respaldo mayoritario de los grupos parlamentarios a una enmienda que se incluirá en otra ley en tramitación. Una maniobra que anula el objetivo de la ley ómnibus.

Visados vinculantes

El Gobierno ha postergado los asuntos más polémicos, como la obligación de colegiarse en determinadas profesiones, al proyecto de ley de servicios profesionales. Pero en la ley ómnibus se tocan otros temas que prometen una ardua tramitación parlamentaria. Así, se elimina la obligación de visar los trabajos de los colegiados, a no ser que ese mandato esté protegido por una ley o decreto ley. El visado de los arquitectos, por ejemplo, se basa en normas internas, por lo que no sería obligatorio, aunque el Ejecutivo se dará unos cuantos meses para analizar, caso a caso, la aplicación de la norma.

La supresión del visado ahorrará dinero y trámites. En caso de ser obligatorio, o de que el consumidor y el profesional opten por requerirlo, el visado será algo más que un sello que avala las buenas prácticas. La norma aclara que el colegio responderá subsidiariamente de los daños ocasionados por defectos que debían haberse advertido al visar el trabajo.

Además de reducir el coste de la cuota de inscripción y eliminar los baremos, los colegios deberán publicar en Internet su registro de colegiados y tendrán que poner en marcha servicios de atención a consumidores y usuarios.