El 'cierre' de Azuvi bloquea una operación urbanística en Vila-real

El alcalde de Vila-real, Juan José Rubert, ha dado por zanjado el convenio firmado con la empresa Azuvi, por el que el consistorio recalificaba los terrenos de la fábrica para su traslado con el condicionante de que no cesara su actividad. La empresa, que está en concurso de acreedores, ha propuesto un expediente de regulación de empleo para la extinción de 197 puestos de trabajo y la suspensión temporal, por nueve meses, a otros 78 empleados, con lo que la plantilla, cifrada en casi 300 trabajadores, quedaría anulada.

El convenio firmado por el Ayuntamiento y Azuvi se planteó con el fin de posibilitar el desarrollo de la zona sur de la localidad, pese a que el cambio de suelo industrial a residencial no se realizó en todo el área sino que abarcó sólo una porción. El acuerdo contemplaba el traslado de la azulejera y la creación de una nueva planta que debía costearse con la plusvalía de la recalificación. A los 130.000 metros cuadrados recalificados se les otorgaba una edificabilidad sobre el 30%, mientras que la superficie restante debía ser urbanizada por la empresa que, además, debía ceder una porción de suelo dotacional para la ubicación de infraestructuras sanitarias y educativas.

Sin embargo, Azuvi, al igual que decenas de azulejeras, ha presentado un expediente de regulación de empleo que, a juicio del alcalde de Vila-real ha sido "una sorpresa que incumple el acuerdo que se firmó en su momento". "Vemos que, de alguna manera, nos han querido engañar, y por esa razón, paralizamos todo acuerdo entre Ayuntamiento y empresa", añadió Rubert.

El convenio indica expresamente que la empresa no efectuará despidos que tengan "como motivo expreso el traslado de la producción que deriva del presente convenio urbanístico". Este periódico ha intentado sin éxito que Azuvi diera su versión sobre este asunto.

El convenio fue criticado, desde el primer momento, por el portavoz socialista, José Benlloch. De hecho, el grupo socialista en el Ayuntamiento de Vila-real presentó un recurso ante el propio consistorio en el que argumentaba cómo, pese a que el traslado de la fábrica de Azuvi resultaba "en una primera impresión" beneficioso, el acuerdo no era más que un parche que no suponía una solución global para la zona. Así, en su recurso, los socialistas exigían que se desestimara el convenio y que se realizara un modificación del plan general para toda la zona.