La Audiencia decidirá si puede juzgar un bombardeo en Gaza

El pleno de la Sala Penal de la Audiencia Nacional decidirá antes de fin de mes si ese tribunal es competente para investigar y juzgar el caso abierto por presuntos delitos de crímenes de guerra contra siete militares israelíes, entre ellos un ex ministro de Defensa, por la muerte de 14 civiles en Gaza, el 22 de julio de 2002. El dramático resultado -siete de los fallecidos eran niños y hubo 150 heridos más- fue consecuencia del lanzamiento de una bomba de una tonelada desde un avión de combate F-16 destinada a asesinar al dirigente de Hamas Salah Shehadeh.

El caso se inició en junio de 2008 con una querella presentada por Raji Sourani en nombre del Centro Palestino de Derechos Humanos. El magistrado Fernando Andreu preguntó entonces a las autoridades de Israel si habían investigado los hechos para evitar juzgarlos dos veces, pero durante más de medio año no recibió respuesta alguna y, ante la falta de colaboración de la justicia israelí, abrió un proceso por presuntos crímenes de guerra.

"Nos encontramos", decía el magistrado, "ante la existencia de un ataque contra la población civil, ya de inicio ilegítimo, pues el mismo tendría como objeto la comisión de un asesinato, el de Salah Shehadeh, que se torna en un hecho que ha de ser perseguido (...) desde el momento en que el ataque es producto de una acción que se adivina como claramente desproporcionada o excesiva, y que si en el curso del procedimiento se prueba que responde a una estrategia preconcebida o predeterminada" daría lugar a una calificación jurídica "aún más grave".

Ante la falta de respuesta, Andreu inició un procedimiento penal contra los querellados, que originó un gran revuelo en Israel. La entonces ministra de Asuntos Exteriores Tzipi Livni consiguió que su colega español Miguel Ángel Moratinos se comprometiera a modificar la legislación española para parar el proceso.

Paralelamente, el fiscal de la Audiencia Nacional se opuso a la investigación del caso y solicitó el archivo de la querella por entender que este tribunal no es competente para enjuiciar los hechos.

Sin embargo, el juez Andreu se negó a archivar las actuaciones por considerar que "los hechos ocurren en la ciudad de Gaza, siendo así que la Comunidad Internacional, sin discusión y en su conjunto, admite que dicho territorio no forma parte del Estado de Israel". Y añade que la abogacía del Estado de Israel también precisa que los actos en la franja de Gaza son "actividades bélicas cometidas en territorio extranjero".

El recurso ha pasado ahora a la Sala Penal que lo ha abocado a pleno. El ponente del caso será el magistrado José Ricardo de Prada, cuya postura en favor de que la justicia española ejerza la jurisdicción universal que le otorgan los tratados firmados por España es públicamente conocida. Sin embargo, eso no quiere decir que los 18 magistrados que forman el pleno estén de acuerdo con él. Fuentes de la Audiencia señalan que previsiblemente habrá un debate jurídico de gran altura, aunque el resultado es mucho más incierto que cuando se votó a favor de la investigación de los crímenes de la dictadura argentina.