Urquía será juzgado por el chantaje a un imputado en el 'caso Hidalgo'

El magistrado Francisco Javier de Urquía, condenado en firme por cobrar 73.800 euros a cambio de resoluciones favorables al cerebro del caso Malaya, Juan Antonio Roca, ha recibido un nuevo disgusto judicial. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) considera que existen indicios de que Urquía participó, junto a dos amigos suyos, en el intento de extorsión al empresario hotelero David Shamoon, imputado en el caso Hidalgo, que instruía el propio Urquía en el Juzgado de Instrucción número 2 de Marbella (Málaga). Miguel Pasquau, el magistrado del TSJA que investiga el caso, ha dado a las partes diez días para que soliciten la apertura del juicio oral o soliciten el sobreseimiento de la causa.

Urquía, que reclamó su reingreso en la judicatura tras expirar los 21 meses de suspensión a los que le había condenado el Tribunal Supremo por el cohecho a Roca, también tendrá que responder, en el mismo juicio o en una vista aparte, por otro presunto soborno. El empresario paquistaní Azan Khan, detenido por la operación Hidalgo, supuestamente abonó 60.000 euros en una bolsa de plástico a Arnaud Albouhair, amigo de Urquía, para que el juez dictara sendas órdenes de libertad bajo fianza para él, su esposa y su sobrino.

La supuesta extorsión a Shamoon, dueño de dos hoteles en Marbella, ha sido un caso de ida y vuelta para Urquía. En un principio, Pasquau no encontró indicios suficientes de que Urquía participara en la petición de cinco millones de euros que sus amigos Albouhair e Igor Mier hicieron a Shamoon a cambio de conseguir que el juez levantara el embargo de los bienes del empresario por el caso Hidalgo. Por ello, en un auto de 24 de noviembre de 2008, sobreseyó provisionalmente la imputación.

Sin embargo, en enero de 2009 apareció una nota manuscrita que permitió volver a implicar al juez. Se trataba de un papel que había sido entregado a Shamoon y en el que alguien, supuestamente Urquía o Albouhair, había escrito los datos registrales de una finca de Benahavís embargada a Shamoon y el nombre de un posible comprador. Según Pasquau, esta información, irrelevante por sí misma daba credibilidad y seriedad a la supuesta oferta delictiva y sólo podía haber salido del juzgado de Urquía.

La "convicción indiciaria" de que Urquía estuvo implicado en el supuesto chantaje se refuerza, según Pasquau, con la remuneración "desproporcionada por excesiva" que el magistrado asignó al administrador judicial de los bienes de Shamoon incautados durante la operación Hidalgo. Además de unos honorarios desorbitados, Urquía otorgó posteriormente al administrador la "absolutamente injustificada" comisión del 1% del valor de los activos cuya venta se autorizase. Esta comisión hacía muy gravosa para el empresario la venta del hotel Puente Romano, también embargado y del que pensaba deshacerse antes de estallar el caso.

El magistrado Pasquau considera que tanto los honorarios del administrador judicial como la enorme comisión "no se debieron a más criterio que el de presionar hasta lo insoportable al señor Shamoon", quien en ningún momento pagó cantidad alguna. Igor Mier y Arnaud Albouhair insistieron en su intento de chantaje hasta en siete ocasiones. Según el auto, Mier, en conversaciones con el hijo de Shamoon, llegó a utilizar el argumento de lo onerosa que podría resultar la comisión del 1% sobre las ventas en caso de que se consumaran los planes de venta del hotel Puente Romano. Pasquau entiende que Urquía prevaricó al fijar esta comisión, ya que "es injusta por contraria a Derecho y por venir inspirada instrumentalmente al servicio de los planes de extorsionar al señor Shamoon".