Muertes en la frontera

El paso de Buitz, entre Ceuta y Marruecos, se convirtió este lunes en una trampa mortal para dos mujeres que transportaban mercancías en el momento de producirse una avalancha humana. En noviembre pasado, un episodio similar en la frontera de Melilla se saldó con otra mujer muerta. Y hay que contar, además, dos decenas de heridos, entre ellos cuatro agentes españoles.

Estos trágicos sucesos acaecidos en menos de un año parecen confirmar los temores de los sindicatos policiales españoles, que han venido advirtiendo del riesgo de que se produjeran estos hechos. El paso de Buitz se abrió en 2002 en un intento coordinado de Rabat y Madrid por aliviar la presión sobre la frontera de Tarajal, que hasta entonces debía canalizar en exclusiva la frenética actividad de los porteadores de mercancías. A la vista está que no ha sido suficiente para garantizar la seguridad de las personas -entre 10.000 y 15.000- que atraviesan a diario la frontera, y de ahí que resulte urgente la respuesta marroquí a la propuesta española de ampliar las instalaciones.

La causa remota de estas muertes habría que buscarla en el tipo de actividad que se ha desarrollado en la frontera de Ceuta y Melilla con Marruecos. La desigualdad económica entre un lado y otro ha convertido el contrabando en un negocio que mueve entre 500 y 700 millones de euros al año, y en el que las porteadoras como las fallecidas en el paso de Buitz y en Melilla sólo son el último y más expuesto de los eslabones de la cadena. Su trabajo consiste en atravesar la frontera el mayor número de veces por día para obtener con cada viaje una cantidad entre los 95 céntimos y los cinco euros. La única opción que no cabe aceptar ante esta realidad de la que están al corriente ambos Gobiernos es la pasividad. O bien se intenta poner freno al contrabando y, por tanto, a las peligrosas aglomeraciones diarias en la frontera, o bien se adoptan desde ambas partes todas las iniciativas necesarias para prevenir avalanchas como la que se produjo este lunes.

Pero, tras las imprescindibles medidas para garantizar la integridad física de quienes atraviesan la frontera, persiste la cuestión de fondo del Estatuto de Ceuta y Melilla en el seno de la Unión Europea. Al no estar integradas en la Unión Aduanera, su relación comercial con Marruecos adquiere unos rasgos singulares y difíciles de manejar para ambas partes. Sobre todo cuando se toma en consideración que el desarme arancelario entre Marruecos y los Veintisiete está previsto para 2012. Ir preparando ambas ciudades, y también el territorio marroquí colindante, para la desaparición del negocio del contrabando debería constituir un objetivo prioritario tanto para Madrid como para Rabat. La necesidad de profundizar las relaciones exigiría dejar atrás ese estadio en el que ambas partes se han conformado con constatar la ausencia de incidentes, y empezar a comprometerse en proyectos de interés mutuo.