Más de 10. 000 grandes dependientes se quedarán este año sin asistencia

Alberto Núñez Feijóo prometió en febrero que los 16.565 grandes dependientes cuantificados en aquel momento en Galicia cobrarán las ayudas de la Ley de Dependencia antes de que termine 2009. Lo dijo en un acto de campaña en Vilagarcía y lo repitió en el debate parlamentario de investidura. Ayer, en la primera comisión parlamentaria de Sanidade, la secretaria general de Familia y Benestar, Susana López Abella, reveló que la cifra real de grandes dependientes se ha casi duplicado. Hasta el pasado 17 abril, según la Unidade de Coordinación de Dependencia de la Consellería de Traballo y Benestar, había 27.399 grandes dependientes en Galicia. Datos todavía más recientes del Ministerio de Sanidad elevaban el número a 28.874, el 1 de mayo.

Feijóo animó en campaña a "denunciar para que se cumpla la ley"

La Xunta, por lo tanto, debe abonar las ayudas a 10.834 dependientes más de los previstos. Y la secretaria general de Familia e Benestar no dejó claro que eso sea posible. "Estamos haciendo un estudio exhaustivo y riguroso para buscar las fórmulas adecuadas y, sobre todo, cumplir la ley", afirmó. La explicación no hubiera convencido ni de lejos a Feijóo hace sólo tres meses cuando, en campaña, animó a los dependientes que todavía no han cobrado ni un euro a "acudir a los juzgados y demandar al Gobierno pidiendo exclusivamente que se cumpla la ley".

A la Consellería de Traballo e Benestar le corresponde gestionar los 80 millones de euros que el Ejecutivo central se comprometió a traspasar este año a Galicia para aplicar la ley de Dependencia. El gabinete de Feijóo, sin embargo, tiene escasas esperanzas de que ese dinero acabe llegando y lo incluye en el "agujero de 1.200 millones" que le dejó el bipartito.

Con todo, el objetivo de la Xunta actual sigue siendo la promesa de Feijóo, atención para 16.565 dependientes. Pero esa cifra era sólo una previsión que establecía el Libro Blanco sobre la Dependencia, editado en 2006, y ha quedado obsoleta. Abella, sin embargo, repite que la prioridad del Gobierno es atender a los "4.665 grandes dependientes que faltan" para cumplir la promesa electoral de Feijóo. En respuesta a una pregunta del diputado del BNG, Carlos Aymerich, aseguró ayer que en estos momentos ya están cobrando las prestaciones 11.900 personas.

López Abella acusó al bipartito de ocultar las nuevas cifras de dependientes en Galicia y denunció "la maraña" y "el caos" que dejaron sus antecesores en el área de Benestar. Criticó su "despilfarro en "publicidad y propaganda" y aludió repetidamente al "agujero" que viene denunciando desde hace semanas la conselleira de Facenda, Marta Fernández Currás, y el propio presidente Feijóo.

La primera comisión de Sanidade sirvió para desmontar otra de las promesas de campaña del PP: la supresión del Consorcio Galego de Servizos Sociais, creado por Vicepresidencia en la anterior legislatura. Fue el primer anuncio que hizo Feijóo como presidente electo, el pasado 5 de marzo. Entonces argumentó su determinación por la gestión "poco eficiente del modelo", que "gasta más en burocracia que en atención a los mayores". Apenas dos meses después, la promesa se desinfla. Ayer, López Abella afirmó que su departamento "reorientará" las políticas del Consorcio, pero también que asumirá esa "herencia" del biparito.

"No tenemos elección, tendremos que hacerlo sí o sí", aceptó tras arremeter contra el gerente del organismo, el nacionalista Lois Pérez Castrillo. La consellería de Benestar, siguió López Abella, pretende que el Consorcio sirva sólo para "mejorar la calidad de vida de los gallegos" y deje de ser un "instrumento partidista". La secretaria general de Familia y Benestar acusó al ex vicepresidente de la Xunta Anxo Quintana de convertir el Consorcio en una "agencia de colocación de militantes del BNG" en la que los ayuntamientos se integraron por "la asfixia económica a la que los sometió" el bipartito.

La Xunta mantendrá "el chiringuito" contra el que el PP cargó en la oposición y en su comparecencia en la Cámara, Abella anunció además la creación de otro organismo paralelo: el Consello Galego da Dependencia. Su misión será dar "más protagonismo a los ayuntamientos y que estén representados de forma permanente y sin presiones" en la gestión de la dependencia.