La Junta apremia a los alcaldes para concretar la demanda real de pisos

La Junta andaluza quiere conocer antes de que finalice el año la demanda real de vivienda en cada municipio de la comunidad para comenzar a aplicar la ley de Derecho a la Vivienda -cuyo proyecto fue aprobado ayer por el Consejo de Gobierno- a mediados del año próximo. El consejero de Vivienda, Juan Espadas, explicó ayer que el registro de demandantes de viviendas que debe elaborar cada ayuntamiento, una de las novedades de la ley, se convertirá en el instrumento básico para saber con exactitud el número de solicitantes, cuántos inmuebles y de que tipologías residenciales necesitan las localidades.

Según el consejero, su departamento está trabajando en un decreto que abunda en esta cuestión, ya que a la ley le quedan aún varios meses de tramitación parlamentaria (se calcula que podría estar aprobada por la Cámara al término de 2009 o principios de 2010). La ley, la primera de esta índole que se aprueba en España, garantiza una casa, en propiedad o alquiler, a quienes no puedan acceder al mercado libre, sin que el esfuerzo económico para adquirirla supere un tercio de los ingresos de la unidad familiar.El objetivo de la consejería, en palabras de Juan Espadas, es que si los municipios tienen listos los registros de demandantes de residencia antes de que finalice el año, la Junta pueda validar estas bolsas en los primeros meses de 2010. La consejería prestará apoyo y asesoramientos a las corporaciones, así como un programa informático específico y campañas de divulgación a fin de que los ciudadanos acudan a los registros.

Una vez que la Administración autonómica dé su visto bueno, los ayuntamientos elaborarán sus respectivos planes de vivienda, con la cobertura del plan andaluz, que garantiza la financiación. El plazo máximo de los ayuntamientos para aprobar los planes es de dos años, si bien el consejero confió en que algunos estén listos a mediados del año próximo.

Si los ciudadanos no ven reflejadas en los documentos las necesidades expuestas en el registro público municipal, tendrán la posibilidad de exigir esta obligación ante la jurisdicción contencioso-administrativa, es decir, podrán exigir en los tribunales su derecho a una vivienda digna, el salto más llamativo de esta nueva ley, que tiene como objetivo específico el desarrollo del derecho constitucional -recogido también en el Estatuto de Autonomía de Andalucía- del derecho a una vivienda digna.

Los beneficiarios son aquellos cuya unidad familiar no supere los 36.000 euros anuales, acrediten tres años de vecindad administrativa así como suficiente autonomía económica, no sean titulares ni tengan derecho de disfrute de ninguna vivienda y estén inscritos en los registros oficiales de los municipios. La ley recoge el compromiso de asegurar que el esfuerzo económico de las familias sea de menos un tercio de sus ingresos, en el caso de la propiedad, y de un cuarto, en el del alquiler.

En cuanto a la financiación, Juan Espadas dijo que está asegurada a través de los planes de vivienda de la Junta, que deberán consignar en sus presupuestos las cantidades necesarias, incluyendo la gestión estatal. El actual plan de Vivienda y Suelo 2008-2010 ya prevé unas inversiones públicas y privadas de 11.000 millones de euros. También la Estrategia de Competitividad de Andalucía prevé para el mismo periodo una inversión de 2.559 millones por parte de la Consejería de Vivienda. De esta cantidad, 2.277 millones se destinarán a la política de vivienda.

Espadas insistió en el "enorme avance" que supone esta ley respecto al compromiso de los derechos sociales, con la obligación de las administraciones públicas de poner las condiciones necesarias para facilitar una vivienda. "Se pasa de un derecho genérico a obligaciones concretas perfectamente reconocibles", subrayó, a la vez que destacó el significado de que la Junta apruebe esta ley en plena crisis económica, cuando otras opciones lo que plantean son recortes sociales.

La futura norma cuenta con el aval del Consejo Consultivo para blindar su seguridad jurídica, los agentes económicos y sociales y la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), cuyo presidente, Francisco Toscano, resaltó que la ley ha pasado por el Consejo por el Consejo Andaluz de Concertación Local y se negociaron una serie de modificaciones al documento. El consejero de Vivienda señaló que es difícil que haya un partido que se oponga a lo que dicen los 24 artículos de la norma, por lo que pidió a los partidos "altura de miras".