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COLUMNA

Un vistazo crítico a 30 años

La positiva transformación experimentada por pueblos y ciudades desde las primeras elecciones municipales democráticas en 1979 ha sido, con razón, considerada uno de los mejores éxitos del nuevo régimen. A estas alturas, sin embargo, tomar por referencia la administración municipal de la etapa de la dictadura puede dar lugar a comparaciones muy gratificantes en muchos aspectos, pero resulta insuficiente. Un total de 30 años después es ya hora de analizar con una mirada crítica el balance global de la gestión municipal democrática.

Lo primero que salta a la vista es que, con sus más y sus menos, la nueva etapa apenas ha modificado el furor inmobiliario, el afán de construir cuanto más y donde sea que había caracterizado los últimos 15 años del franquismo. El paisaje del país había sido una de las grandes víctimas de aquel modelo urbanístico. Aunque a la generación municipalista de 1979, como les gusta llamarse a sí mismos a sus integrantes, le duela reconocerlo, lo cierto es que la destrucción del paisaje no se detuvo en 1979, sino que ha continuado.

La destrucción del paisaje no se detuvo en 1979, sino que ha continuado. Este aspecto de la gestión municipal ha fracasado

Poner fin a aquella destrucción era uno de los objetivos iniciales. No se ha logrado. Hay ahí, pues, un fracaso que en parte importante cabe achacar a la gestión municipal de estas tres décadas. También es cierto que es una responsabilidad compartida con las diputaciones y los sucesivos gobiernos. ¿Alguien puede sentirse orgulloso del aspecto general de la costa catalana? A la ruptura y desnaturalización del paisaje en la primera línea de mar llevada a cabo en las décadas de 1960 y 1970 le ha seguido después la de la segunda línea. Y continúa. Y en la montaña, tres cuartos de lo mismo.

Una de las urgencias de los primeros consistorios democráticos fue llevar a cabo lo que en aquel momento se bautizó como el "recosido" interior de las ciudades. Es decir, abordar la dignificación de los suburbios para integrar a sus habitantes en la ciudad. Para que dejaran de ser el lugar donde la ciudad cambia de nombre, como dijo Francisco Candel. Éste es, probablemente, uno de los ámbitos en los que más se ha trabajado, a los que más esfuerzo y dinero se ha dedicado y más éxitos se ha logrado. Sin embargo, también es cierto que, al mismo tiempo, las ciudades medias y grandes de Cataluña han sido el escenario de la degradación de muchos de sus barrios viejos, céntricos en no pocos casos. Así como bajo los ayuntamientos franquistas se produjo un caótico e insuficiente asentamiento de las oleadas de inmigrantes peninsulares, bajo los ayuntamientos democráticos se ha producido un también caótico e insuficiente asentamiento de las nuevas oleadas inmigratorias. Y tuvo que ser el primer Gobierno de Maragall el que acudiera en 2004 con la Ley de Barrios a socorrer a unos ayuntamientos que habían asistido inermes, cuando no insensibles, al hundimiento de los cascos viejos de sus localidades.

Estos ejemplos no son los únicos que cabe aportar a un balance crítico provisional. También era un objetivo de 1979 cambiar las prioridades en el transporte urbano, en beneficio del público y del ferrocarril. ¿Alguien cree que se ha alcanzado? Más bien parece lo contrario: el transporte en automóvil privado sigue en auge, y ay de quien ose cuestionarlo.

Lo interesante de estos ejemplos es que muestran dónde radica una de las debilidades del actual sistema municipal, que sólo puede satisfacer a quienes sacan tajada de ella. Pasados 30 años, los ayuntamientos siguen siendo un poder indefenso ante la presión inmobiliaria. Los consistorios carecen de fuerza ante las presiones de los constructores, que cabalgan a lomos de una demanda turística que ha crecido espectacularmente, de la necesidad de alojar a un millón y medio de inmigrantes y de los intereses de los inversores que han hinchado la burbuja inmobiliaria. Ahora como hace 30 años, además, la inspección urbanística local es de todo punto insuficiente para atajar la picaresca de la que promotores y constructores se valen día sí y día también para sortear la normativa sobre alturas, superficies edificables, etcétera. Son elementos que contribuyen a dar a pueblos y ciudades ese aire caótico y desarreglado del que los consistorios son también responsables.

Se conmemoró en su día la primera década de los ayuntamientos democráticos. Después, la segunda y ahora, la tercera. Mejor será no conmemorar la cuarta si el país no ofrece un mejor aspecto. No más autocomplacencia, por favor.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 26 de mayo de 2009