Dimite el juez decano dos meses después de ser acusado de maltrato

Casi dos meses después de que acudiera a declarar al juzgado de violencia contra la mujer acusado de maltratar a su esposa, el juez decano de Barcelona, José Manuel Regadera, presentó ayer la dimisión. En un correo electrónico remitido a los casi 200 jueces a los que representa, explica que renuncia porque el pasado día 21 se lo pidieron 18 de los 33 jueces de instrucción de Barcelona, quienes consideraban que ese asunto privado "compromete gravemente su función representativa".

El decano razona que, como nadie lo había reclamado hasta entonces, ha considerado que durante este periodo "podía seguir desempeñando" sus funciones. En otro momento añade que se trata de una petición "muy minoritaria, pero suficiente", e insiste en que dimite "por el único y exclusivo motivo de que algunos compañeros han perdido la confianza en mí".

La propia presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, María Eugenia Alegret, y destacados compañeros de la Asociación Profesional de la Magistratura a la que pertenece Regadera consideraban que no podía continuar en el cargo. En este tiempo, el decano se había aferrado al cargo con el argumento de que el Consejo General del Poder Judicial todavía no se había pronunciado sobre su situación tras haber sido imputado. El pasado día 21 de mayo, sin ir más lejos, Regadera replicó a la solicitud de dimisión que era una opinión "tan respetable como minoritaria".

El decano de los jueces será juzgado el 21 de septiembre en un Juzgado de lo Penal de Barcelona y afronta una petición del fiscal de nueve meses y un día de cárcel por un presunto delito de maltrato cometido contra su segunda esposa, la notaria Rosa María Igay. La pareja, que está en trámites de separación, discutió la noche del pasado 2 de abril, cuando apenas llevaban cuatro meses casados, después de que él le confesara una infidelidad. Al final llegaron a las manos y se agredieron levemente. La mujer telefoneó a los Mossos d'Esquadra, pero Regadera no acabó detenido. Horas después, ya en el juzgado, el decano la denunció y la esposa también se sentará en el banquillo y afronta una petición del fiscal de siete meses de cárcel.

La dimisión de Regadera debe ser aceptada ahora por el Consejo General del Poder Judicial, bien en la comisión permanente que se celebrará hoy o en la de la próxima semana. Posteriormente se celebrarán nuevas elecciones, 14 meses después de que Regadera ganara por un solo voto de diferencia respecto a la candidata progresista.

La esposa del juez, que también ha presentado demanda de divorcio contencioso ante el desacuerdo por la modificación de la hipoteca, difundió hace unos días una carta en la que airea todas las cuestiones relativas a la intimidad de la pareja y acusa a Regadera de haberse prevalido en el cargo.

Las asociaciones judiciales no tienen candidatos definidos para las próximas elecciones al decanato de Barcelona. Los dirigentes de la Asociación Profesional de la Magistratura admiten en privado que no será fácil encontrar una persona con posibilidades de éxito, después de haber presentado a Regadera en las elecciones celebradas el 10 de marzo de 2008.

Tampoco en Jueces para la Democracia existe un candidato definido. La candidata oficial, Raquel Alastruey, obtuvo 17 votos en la segunda vuelta, frente a los 55 que logró Maria Sanahuja, también adscrita a esta asociación, pero que no contaba con el respaldo formal de la asociación. Regadera, que cosechó 56 votos, fue propuesto a última hora como el candidato conservador tras el rechazo de la magistrada de instrucción Cristina Ferrando.

Así las cosas, es más que probable que en las elecciones emerja un candidato no asociado que sí podría aglutinar el apoyo mayoritario de sus compañeros, aunque oficialmente nadie desea dar, todavía, ese paso al frente. Al menos hasta que el Poder Judicial acepte la dimisión de Regadera y éste convoque las elecciones.

La dimisión del decano ha coincidido, además, con el momento más importante que están viviendo los juzgados de Barcelona desde hace años, con un traslado a la Ciudad de la Justicia ya en marcha y que afectará a su forma de trabajar. De ahí la necesidad de que los jueces tengan un interlocutor claro que les represente cuando los juzgados estén a pleno rendimiento, en pocos meses.