La crisis inmobiliaria difumina los efectos de la ley que prohíbe edificar en la costa

Con más ruido que nueces, el pasado 17 de mayo se prorrogó por un año la disposición de la ley de medidas urgentes de protección del litoral que prohíbe construir en los primeros 500 metros de la costa. El estrépito político, provocado por las diferencias de criterio entre el anterior Gobierno y el de Feijóo, contrasta con la absoluta calma en los ayuntamientos costeros, acostumbrados desde hace meses a que las promotoras dejen de presentar proyectos en las concejalías de urbanismo. Adonde no llegó la prohibición lo hizo la crisis, con una prórroga más severa que la dictada por el conselleiro de Territorio, Agustín Hernández.

"La verdad, no nos afecta lo más mínimo", resume el alcalde de Ribadeo, Fernando Suárez, del BNG. En su caso, a los problemas del sector inmobiliario se une un plan general antiguo que califica como rural la mayor parte del territorio costero. Como tal, esas zonas no son susceptibles de desarrollos urbanísticos, con paralización o sin ella. La antigüedad de las normas urbanísticas es un mal generalizado: sólo 29 ayuntamientos costeros han adaptado su planeamiento a la ley del suelo de Galicia, y por lo tanto quedan exentos de la paralización cautelar.

"No nos afecta lo más mínimo", asegura el regidor de Ribadeo, del BNG

El relevo en la Xunta ha inspirado una repentina condescendencia en los ayuntamientos del PP. Por ejemplo, en el de Vilanova de Arousa, cuyo alcalde, Gonzalo Durán, acabó en los tribunales con la anterior Consellería de Política Territorial. "La paralización de los dos años nos hizo mucho daño", sostiene Durán. La prórroga por un tercero tiene menos importancia, dice; en su caso, no tanto por la paralización del sector inmobiliario como por "el plazo más limitado". "Si la prórroga es hasta diciembre, lo entendemos".

Las características orográficas de Vilanova, con una forma parecida a una península, hacen que los 500 metros invadan la práctica totalidad del territorio. Allí había mucho territorio urbanizable que se vio afectado por la paralización del Gobierno de Emilio Pérez Touriño. "Nos lo paralizó todo, y lo tenemos todavía paralizado", se lamenta el alcalde, que añade: "Hemos perdido dos años cruciales, en una época de expansión; ahora estamos en un ciclo distinto, en el que los bancos no dan dinero".

En la Costa da Morte la presión urbanística se anticipó a la prórroga. Con efectos no siempre negativos. En Corcubión, por ejemplo, se abandonaron los planes que pasaban por derribar restaurantes y hoteles para convertirlos en apartamentos, y ahora se apuesta por reactivar esos negocios "con efectos mucho más interesantes para la localidad", confirma su alcalde, Francisco Lema, del PSOE. "La crisis está poniendo las cosas en su sitio", se felicita. Y aunque el litoral está prácticamente copado, Lema reconoce que la prohibición, ahora prorrogada, ha permitido paralizar "dos o tres actuaciones inmobiliarias en otras tantas parcelas". "Es interesante que se haya permitido repensarlo todo y poner un poco de orden", opina el alcalde, al que las normas subsidiarias en vigor le impedirían poner trabas a ciertos proyectos urbanísticos por aberrantes que fueran.